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Después de que en las juntas locales de conciliación se ha acumulado el trabajo de demandas laborales porque las mesas de trámite se concentraron en la ciudad capital, luego de que se descubrió que supuestas “mafias de abogados” mantenían el control de esos organismos para favorecer sus despachos, hoy el gobernador anunció una reingeniería al interior del tema laboral.
En su tradición rueda de prensa el gobernador del estado Graco Ramírez Garrido Abreu anunció una reforma que se realizará con el consejo laboral donde participan dirigentes sindicales y empresarios para hacer una intervención en los tribunales laborales del estado donde se va privilegiar la figura de la conciliación.
“En Morelos lamentablemente muchas inversiones llegaron y se fueron porque antes de llegar hacer cualquier cosa ya estaban emplazados a huelga por profesionales del litigio laboral en contubernio con funcionarios de las juntas laborales, y vamos a revisar el papel del tribunal respecto a la situación que se vive en muchos juicios donde se ha hecho una industria frente ayuntamientos para estar de unas sumas millonarias generando una crisis financiera permanente, no queremos posponer la justicia queremos que se haga justicia bien y de manera transparente” dijo.
Y es que explicó que hay bufetes de abogados que se han dedicado a profesionalizar el conflicto laboral y hacer de ello una industria que afecta la inversión y a los propios trabajadores.
Los anterior lo dio a conocer también después de anunciar que se reunió con los empresarios que apenas la semana pasada habían criticado la cancelación de la convocatoria para el Consejo de Participación Ciudadana que sería quienes podrían convocar a plebiscito, referéndum, revocación de mandato e iniciativa popular.
Después de la reunión se acordó con los empresarios y el gobierno la creación de una Comisión bilateral jurídica para la armonización de la ley electoral que permita crear un Consejo de Participación Ciudadana.
Aunque los empresarios refirieron que seguirán con los amparos contra los diputados que “por debajo de la mesa” anularon la convocatoria.
