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Un juez federal aceptó revisar si es legal la subasta convocada en marzo por el Gobierno federal para vender nueve ingenios azucareros.
Rodrigo Zerón de Quevedo, juez tercero de Distrito en Materia Administrativa, admitió a trámite uno de los 18 amparos promovidos la semana pasada por Consorcio Azucarero Caze, anterior dueño de los ingenios, para impugnar la convocatoria de subasta publicada el 26 de marzo por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
En otros 15 amparos, los jueces respectivos pidieron a Caze anexar el poder otorgado a sus abogados para representar a la empresa, mientras que el juez Fernando Silva García desechó los otros dos amparos por notoria improcedencia.
La empresa no pidió por ahora suspender el procedimiento de subasta, pero la Ley de Amparo le permite hacer esa petición en cualquier momento.
El SAE fijó un precio de referencia de 8 mil 148 millones de pesos para los nueve ingenios.
La licitación está en etapa de visitas físicas y revisión de documentos por parte de los interesados, y el fallo final está previsto para el 12 de junio.
Caze alega que el Gobierno no puede vender los ingenios, porque está pendiente el litigio en el que reclamó la reversión, una figura que aplicaría por no haberse cumplido los objetivos de la expropiación decretada por Vicente Fox en 2001.
La Sagarpa negó la reversión en febrero de 2013, pero está pendiente el juicio contencioso promovido por Caze ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuya Sala Superior atrajo el caso en noviembre pasado, así como los recursos eventuales contra la sentencia que dictará este órgano.
En julio de 2012, la Secretaría de la Función Pública desincorporó los ingenios en favor del SAE para facilitar su venta, pero advirtió:
«Para que surta efectos la desincorporación… y con el objeto de evitar una contingencia al Gobierno federal durante el proceso de licitación o, a más tardar en la fecha en que se emita el fallo correspondiente, deberá acreditarse que ha concluido el procedimiento de reversión».
Caze, propiedad de la familia de Enrique Molina, promovió en su momento un amparo contra el Acuerdo de Desincorporación de la SFP.
El 30 de mayo de 2014, el juez Zerón de Quevedo negó este amparo porque el Acuerdo sí aclaró que los ingenios no se pueden vender hasta que el litigio por la reversión concluya en definitiva.
«Ante el evento de que se vendieran los inmuebles expropiados y, consecuentemente, la acción de reversión se resolviera fundada, el Gobierno Federal podría incurrir en responsabilidad, ya que los terceros adquirentes de buena fe tendrían que devolver los inmuebles enajenados», explicó el juez en el amparo 1630/2012.
El SAE no mencionó la reversión en la convocatoria para licitación, que se lleva según directrices fijadas por la Sagarpa.
Con información de Reforma
