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Abogados de quienes eran propietarios de Verificentros denunciaron que el gobierno de Morelos a través de Alberto Barona Lavín orquestó la entrega de los nuevos lugares para fines políticos para el financiamiento de campañas del 2018, pues quien realizó el proceso fue la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos (UPAC) la cual no es instancia para hacerlo.
“La UPAC nada tiene que ver en el tema de revisar las carpetas que están presentando los participantes porque no competencia de la UPAC revisar esas carpetas, la competencia recae exclusivamente en la Secretaría de Desarrollo Sustentable por lo cual desde ahí se aprecia que ya es una acción totalmente premeditada con alevosía y ventaja” dijo el abogado.
Recalcó que la convocatoria fue elaborada en la ciudad de México por personajes políticos para favorecer a quienes habrán de financiar campañas del PRD y quizá del gobernador en el año 2018.
“La convocatoria está viciada de origen por lo que vamos a combatirla jurídicamente , ese es un hecho entonces nosotros confiamos que se pueda caer en tribunales porque la UPAC No tiene competencia para meter las manos en esta convocatoria y eso podría llevar a que el sistema de verificación en Morelos podría postergarse más allá del 2017” sentenció el abogado.
