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Decenas de familiares de personas desaparecidas se dieron cita este día en el panteón municipal de Jojutla, en la zona sur de Morelos, todos con el deseo de que sus seres queridos no estén adentro de las fosas comunes que están aquí, en una esquina del cementerio, y en las que el Gobierno de Morelos inhumó de forma ilegal más de 30 cadáveres sin identificar.
“Queremos encontrarlo vivo, pero en razón del tiempo que ha pasado, bueno, pues ojalá y no esté aquí, pero queremos descartar ya estas cartas, queremos irlas desechando para seguir esperando a que esté con vida”, expresó María Guadalupe Santiago Hernández, hermana de Pedro, un joven de 24 años que desapareció en el Estado de México en 2012.
Tras la presión ejercida por colectivos de víctimas, el Gobierno de Morelos accedió a abrir las fosas de Jojutla para exhumar los cuerpos enterrados en ellas y tomarles muestras de ADN que permitan ser identificados y entregados a sus familias.
“Que quede claro que esta exhumación es producto de la presión de las víctimas, es producto del esfuerzo de las organizaciones de víctimas y pues no es producto de la voluntad de la autoridad estatal, como se ha hecho creer, al contrario, ellos son los responsables de haber inhumado estos cuerpos en condiciones totalmente contrarias a la legalidad”, dijo al respecto Alejandro Vera Jiménez, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), organismo que también ha empujado la apertura de fosas en la entidad.
El primer caso fue el de Tetelcingo, una comunidad del Municipio de Cuautla, donde en 2014 la Fiscalía General del Estado de Morelos inhumó de forma ilegal y clandestina más de 100 cadáveres en dos fosas cavadas en un panteón que no contaba con permisos para operar ni registros oficiales.
La presión de la familia de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, un joven empresario que fue secuestrado y asesinado en Cuautla y cuyo cadáver, que estaba plenamente identificado y reclamado por sus familiares fu enviado al fondo de las fosas clandestinas derivó en que todos los cuerpos fueran exhumados y enviados a un panteón municipal.
Producto de esos exámenes otros cuatro cuerpos han sido identificados y entregados a sus familiares.
Los colectivos de familiares de personas desaparecidas exigieron al Gobierno de Morelos repetir es esquema en las fosas del panteón municipal de Jojutla, pues no existe información que permita la identificación de los cadáveres enterrados en ellas.
“Me parece claro que si no se cumple con los protocolos forenses y no se identifican los cuerpos, si no se les hacen las pruebas de ADN, las necropsias de Ley, si no se suben los indicios posesorios que los puedan identificar a una base de datos para que los familiares que los están buscando los puedan identificar plenamente, pues me parece que las inhumaciones son clandestinas”, dijo el Rector de la UAEM.
Para el poeta y activista Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, los casos Tetelcingo y Jojutla deben repetirse en los cientos de fosas comunes y clandestinas que hay en el País en las que están enterrados miles de cuerpos de personas no identificadas.
“Demuestra la necesidad que tiene este País de abrir todas las fosas y trabajar en conjunto con autoridades dedicadas a esto, al crimen, a la justicia y las víctimas, el modelo de Tetelcingo pues es el mismo que se está aplicando en Jojutla y esperemos a que se esté aplicando también en Veracruz y se vaya volviendo una tarea pues para abrir los cientos de fosas que tiene este País y que pues esto también desde aquí es una exigencia a las autoridades de que tenemos que trabajar juntos y una manera de decirles que no estamos dispuestos a que no sepamos de nuestros desaparecidos”, expresó.
Para Alejandro Tamez, quien viajó de Nuevo León a Morelos en busca de su hija desaparecida hace cinco años, el principal problema que enfrentan las personas como él es la colusión entre autoridades y crimen organizado, pues personas que son víctimas de homicidio son enterradas por los gobiernos en fosas clandestinas.
“Están tratando de esconder algo que pues ya se les salió de control, es una gran cantidad de personas las desaparecidas, por ahí se habla de 23 mil, pero según el Inegi es el 10 por ciento lo que se reporta nada más, entonces estamos hablando de 300 mil personas desaparecidas, muchas de las autoridades están coludidas con el crimen, entonces tratan de esconder, hacen desapariciones y luego tratan de esconder esos cuerpos porque hay muchas autoridades que están metidas en el mismo, trata de personas”, expresó.
Tras el arranque de los trabajos de exhumación en Jojutla, el Fiscal General Javier Pérez Durón ofreció una breve conferencia de prensa en la que evidenció la falta de control en los entierros realizados por la Fiscalía, pues ni siquiera sabe cuántos cuerpos fueron inhumados en este sitio.
“Vamos a ver qué es lo que tenemos, creo que nadie sabemos qué es lo que vamos a encontrar, esperemos encontrar los 35 cuerpos, si encontramos más lo vamos a ver, si encontramos también menos lo vamos a ver, eso es lo que tenemos, es el trabajo transparente que estamos realizando”, dijo el Fiscal.
