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Se cumplen 29 años de la desaparición del líder del PRT en Morelos José Ramón García Gómez

Al cumplirse 29 años de la desaparición forzada de José Ramón García Gómez en Morelos no olvidamos y seguimos exigiendo verdad, justicia y castigo a los culpables, para evitar que continúen las desapariciones de manera impune que ya eleva el número de desapareciones a más de 32 mil en todo el país, y la aprobación de la oprobiosa Ley de seguridad Interior el día de ayer por el Congreso de la Unión prefigura un proceso de militarización y represión que podría disparar la cantidad de desapariciones forzadas de activistas y ciudadanos que se opongan a las políticas neoliberales y autoritarias del gobierno en medio de la crisis de dominación del régimen en la coyuntura electoral del 2018. Recordemos que fue precisamente la lucha contra el fraude electoral del salinismo lo que originó la desaparición de José Ramón en Cuautla, Morelos.

El 16 de diciembre de 1988 a José Ramón García Gómez lo detuvieron en Cuautla unos policías. Los agentes policiacos que lo detuvieron formaban parte del Grupo de Investigaciones Políticas de la Policía Judicial, dirigido por Antonio Nogueda y al mando del Comandante Apolo Bernabé Ríos García, creado por mandato del entonces Gobernador Antonio Riva Palacio López, y quien fuera asesor de este gobierno hasta su muerte. Los tres ya fallecidos sin que se hubiese cumplido la justicia. Para investigar el caso se emitieron recomendaciones de la CNDH que pueden ser consultadas en línea: (http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/1991/Rec_1991_005.pdf)

Durante la investigación de la Fiscalía Especial creada para el caso José Ramón, se logró encontrar una tumba clandestina en el panteón de Amilcingo, en Temoac, donde se encontraron 17 cuerpos de desaparecidos reclamados por esposas que se identificaron como «Las Viudas de Amilcingo» y que aún siguen esperando que haya verdad y justicia. Similitudes con la situación actual por la práctica política de utilizar la desaparición forzada como una biopolítica del poder en contra de luchadores sociales, ahora extendida a miles de personas mediante la acción, omisión o aquiescencia del Estado. Aún a pesar de que haya significativos avances en el instrumental jurídico para investigar, sancionar, prevenir y erradicar la desaparición forzada, que no existía tres décadas atrás, y que ahora existe en el marco internacional con la Convención sobre Desaparición forzada, el Comité ad hoc de la ONU y con la Ley en la materia vigente en Morelos desde el 2 de septiembre de 2015 y la Ley sobre Desaparición Forzada aprobada recientemente por el Congreso de la Unión y publicada hace unas semanas en 2017 (LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN
COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5504956&fecha=17/11/2017).

Ante la aprobación de la ley de Seguridad Interior, llamamos a la población a no permitir estigmatizar a las personas que haciendo uso de su legítimo derecho a la protesta social, sale a las calles a manifestar su inconformidad.

Por lo anterior es que el problema es político, de responsabilidad y voluntad políticas y no simplemente de nuevas leyes. Los crímenes de lesa humanidad lo son desde antes y los derechos violados de las víctimas son derechos sin necesidad de reagruparlos y “volver a reconocerlos”. La descomposición social y política y de instituciones del Estado que se vive actualmente hace que, aunque hay ahora una mayor conciencia y preocupación por los derechos humanos en la sociedad que cuando empezamos nuestra lucha por la presentación de los desaparecidos, la impunidad, falta de voluntad política de la autoridad en todos sus niveles, la corrupción y complicidad frente a este delito de lesa humanidad y las demás violaciones a derechos humanos convierte avances legales, en gestos que son utilizados por el poder para ponerse una máscara y hacerse propaganda como respetuoso y preocupado por la vigencia de estos derechos, al mismo tiempo que los atropella y viola sistemáticamente. Por ello, en Morelos es fundamental que se aplique de manera eficaz la ley en contra de la desaparición forzada, se apliquen los mecanismos de búsqueda y localización de personas desaparecidas y se termine con la criminal práctica de la detención-desaparición forzada por parte del gobierno y las corporaciones policiacas y militares. Será la forma de reconocer que a 29 años de la desaparición de José Ramón no haya más impunidad, que la verdad y la justicia vayan de la mano y que nunca más se vuelva a repetir esta represión política contra activistas y luchadores sociales.

Ni un desaparecido más!

Atentamente.
Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética los Derechos de las y los Trabajadores y las Garantías Constitucionales.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.
Partido Revolucionario de las y los Trabajadores.
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