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En relación al caso de las jubilaciones aprobadas por el Congreso de Morelos a trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac), se informa lo siguiente.
La controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el municipio de Cuernavaca, reclama que el Congreso invadió la competencia y violentó la autonomía municipal, toda vez que es este quien determina quienes se pensionan y a cuánto ascienden los montos equivalentes.
Se tiene un temor fundado, pues como se ha exhibido en medios de comunicación, el Congreso ha autorizado pensiones sin que se cumpla a cabalidad lo que la Ley de Servicio Civil establece.
Este recurso valido y legal es una medida de seguridad para que las pensiones que los trabajadores han adquirido, así como sus derechos se encuentren resguardados y debidamente presupuestados, sin afectar las finanzas del Sapac.
Y es que en los organismos autónomos como los municipios, quien autoriza y valida las pensiones son los cabildos, no el Congreso del Estado; de lo contrario se presenta una invasión de esferas entre el Poder Legislativo por cuanto al Ejecutivo, como ocurre en este caso.
Los diputados saben que invaden atribuciones pues, incluso otras instituciones como el Tribunal Superior de Justicia, han presentado controversias contra el Congreso, por ver una franca violación a la autonomía del Poder Judicial.
El Sapac aclara que los derechos de los trabajadores están resguardados por las leyes y la constitución, y que el recurso presentado solo pretende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), delimite el poder que de manera indebida ejerció el Congreso sobre el Municipio.
