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La diputada Jessica Ortega de la Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, presentó este día una iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política del Estado, para que se privilegie la equidad de género en la designación de los integrantes del gabinete legal del Ejecutivo.
Durante la sesión ordinaria presentó la iniciativa de reforma al artículo 70 Constitucional para que se establezca la facultad del Ejecutivo para designar a sus secretarios de despacho y al consejero jurídico, y para que sea obligatorio el designar en su gabinete legal al 50 por ciento de mujeres.
Dentro de los considerandos, la diputada Jessica Ortega mencionó que la lista nominal del IFE en Morelos al mes de marzo de este año representó el 52.51 por ciento, lo que significa que un gran número de mujeres forman parte de la vida política y social.
De acuerdo con las recientes reformas que se hicieron a la ley electoral a nivel federal y estatal en materia de equidad de género, es que las voces de las mujeres morelenses ya cuentan con un espacio o curul, ejemplo de ello son las nueve diputadas propietarias de esta legislatura, quienes forman parte de la toma de decisiones.
La diputada Jessica Ortega estableció que el Poder Ejecutivo no puede ni debe quedarse atrás, ya que la propia Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece en su artículo 15 fracción I y artículo 36 fracción V: “corresponderá a las y los titulares de los gobiernos estatales y del Distrito Federal conducir la política local en materia de igualdad entre mujeres y hombres…”
Mencionó que en los estados es poca la participación de la mujer en los espacios de la administración; en Morelos, de las 19 secretarías de despacho, contando con la representación del estado en el DF y al sistema DIF, solamente existe una mujer en el gabinete, siendo precisamente la presidenta de dicho sistema.
Finalmente, consideró que hoy más que nunca la incorporación de mujeres con visión y compromiso en la administración pública de Morelos es un reclamo social y una necesidad, más que un asunto de legalidad.
