JUSTICIA ALTERNATIVA PODRÍA EVITAR QUE CONFLICTOS LEGALES LLEGUEN A TRIBUNALES

La mañana de este domingo los diputados aprobaron por unanimidad la Ley de Justicia Alternativa, con la cual las personas en nuestro territorio pueden acudir a instrumentos como la mediación y la conciliación o cualquier acuerdo de voluntades, sin necesidad de llegar a los órganos jurisdiccionales.
El sistema de justicia alternativa es la institución jurídica por que se establecen las normas y los principios de la componenda social a partir de otros mecanismos que sirven para solucionar conflictos y equilibrar los intereses a través de la convención de voluntades y mutuo entendimiento, antes de acudir a la competencia de jueces y tribunales.
En esta ley se establece que los mecanismos de justicia alternativa se aplicarán con la previsión de significar el menor costo posible a las partes, efectuándose de manera expedita e incluso de forma simultánea a un conflicto. Incluso puede ser aplicable sobre aquellos asuntos judiciales en los que ya hubiera sentencia ejecutoriada o estén bajo estado procesal, si las partes llegan a un consenso.
Estos mecanismos pueden iniciarse cuando el interesado acude a solicitarlo de manera escrita o verbal ante una de las instituciones de justicia alternativa, ante la Procuraduría General de Justicia o de alguno de los juzgados o tribunales del estado. Las unidades de justicia alternativa estarán constituidas por unidades de justicia alternativa adscritas al Poder Judicial y a la Procuraduría, y gozarán de autonomía técnica y de gestión.
Esta ley que consta de 34 artículos integrados en tres Capítulos entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, y a partir de ello el Congreso del estado tendrá un plazo de 60 días para abrogar la Ley de Justicia Alternativa en Materia Penal para el estado.
Los legisladores consideraron importante señalar que como toda propuesta que implica generar nuevas instancias, los poderes Ejecutivo y Judicial deberán presupuestar los recursos para operar las unidades de justicia alternativa y sostener los emolumentos del personal calificado para fungir como mediadores, lo que será posible a través de la reforma constitucional que concede más recursos a los Tribunales del Poder Judicial de la entidad con el 4.7 del total del Gasto Programable del Presupuesto Anual de Egresos del Gobierno del estado.