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Después de tres años de la aprobación de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito en Morelos, finalmente hoy se llevó a cabo la inauguración de las instalaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), sin embargo, todo terminó en un conflicto entre la presidenta del DIF Elena Cepeda y los comisionados estatales.
Cabe recordar que desde su nombramiento, los cinco comisionados de atención a víctimas, hacían uso de oficinas provisionales para atender a ciudadanos que han sufrido algún tipo de delito o violación a los derechos humanos.
Finalmente hoy, las instalaciones ubicadas en la calle Galena del Centro de Cuernavaca, fueron inauguradas. Ahí una de las comisionadas Penélope Picazo Hernández, sentenció que no fueron considerados como servidores públicos, por lo que pidió al Congreso del Estado reformar la ley y armonizarla con la federal, para dejar al frente a los comisionados de origen ciudadano pues sentenció que el diseño institucional actual dificulta la operación de la comisión.
Sin embargo, tras este pronunciamiento, la presidenta del DIF Elena Cepeda quien acudió en representación del gobernador del estado Graco Ramírez, arremetió contra las comisionadas estatales, pues en el acto público señaló que pretenden burocratizar a la CEAV y ser consideradas funcionarias para devengar salarios de entre 60 y 70 mil pesos, por lo que sentenció que deben tener cargos honoríficos.
“Ustedes deberían de ser honorarios, perdónenme que se los diga, deberían ser honorarios, aquí debe haber funcionarios que se ocupen pero no 5 personajes de la sociedad civil que quieran cobrar más de 60 o 70 mil pesos”, dijo.
Esto, generó la molestia de algunos de los asistentes al evento quienes lanzaron reclamos y el enojo de las propias comisionadas estatales quienes se levantaron y se retiraron del lugar.
Las comisionadas Angélica Rodríguez y Norma Delgado Díaz, calificaron el hecho como un acto de simulación por parte del gobierno del estado, pues acusaron que el recurso millonario del 2014 y 2015 nunca llegó a la CEAV y menos a manos de las víctimas, pues el Ejecutivo no liberó los recursos, de los cuales aún se desconoce su destino.
“Los 27 millones del año pasado no están, pregúntenle, nosotros como comisionados estábamos defendiendo el dinero, pero no está el dinero, se perdió porque no estuvo a tiempo y no se pudo depositar, eso si no lo dice”, dijo una de las comisionadas.
Reconocieron que los comisionados tienen un salario de más de 40 mil pesos, sin embargo, negaron las acusaciones de la esposa del gobernador, y afirmaron que la intención del Ejecutivo es no transparentar el uso de los recursos.
“Hay que trasparentar recursos y eso es lo que no quieren, ¿dónde están los recursos del 2014, donde están los del 2015? No hay nada, y como no quieren que digamos nada somos incómodas, nosotras estamos para que la reparación a victimas sea transparente”, denunció la comisionada.
Finalmente los comisionados se retiraron del lugar y la presidenta del DIF se negó a dar una disculpa pública, luego de que algunas personas se lo pidieron.
