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Exhorta congreso a Conalep a resolver adeudos con sus pensionados y jubilados

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A propuesta del diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales, presidente de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, el Congreso exhortó al titular del Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep) del Estado de Morelos para que realice las gestiones y proceda al pago de las prestaciones sociales de sus trabajadores jubilados.

En el documento aprobado señala que Conalep adeuda diversas cantidades por distintos conceptos a sus trabajadores jubilados y pensionados y se niega a atender la fundada exigencia de cumplir con los pagos correspondientes, por lo que los afectados solicitaron la intervención del Congreso a través de la Comisión que él preside.

Por eso propuso emitir el exhorto correspondiente al director del Conalep para que de acuerdo con las demandas de los pensionados y jubilados de su plantel, proceda a resolver conforme a la ley.

En el instrumento parlamentario que pide proteger y respetar los derechos humanos de los trabajadores, se destaca que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha reconocido la protección a través de sus instituciones de gobierno, de los derechos inherentes a las personas como son entre otros, el derecho a la vida, el bienestar y la seguridad social.

Al proponer el exhorto, el diputado Esaú Mondragón refirió que este mandato hacia las autoridades abarca las obligaciones generales de un Estado de acuerdo con el derecho internacional y constituye un punto de apoyo para el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales.

“Dado que la seguridad social se refiere principalmente a un campo de bienestar social relacionado con la protección social o cobertura de las necesidades socialmente reconocidas, como salud, vejez o discapacidades, entre los derechos que genera se encuentran las jubilaciones”, expuso.

Dijo que resulta impostergable establecer acciones preventivas y de coordinación entre las distintas instancias de gobierno estatal, en pro de proteger y preservar esos derechos humanos que forman parte incluso del régimen de seguridad social de las personas, de tal manera que se garantice su bienestar y una mejor calidad de vida.

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