Zona Centro Noticias El poder de la información
El diputado Mario Alfonso Chávez Ortega presentó iniciativa para ajustar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el propósito de garantizar a todos los ciudadanos el libre acceso a la información.
La iniciativa del legislador, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, comprende el proyecto de decreto por el que se deroga la fracción I del artículo 119 de la Ley mencionada.
Actualmente está fracción establece que en el caso de un recurso de revisión que se interponga en materia de acceso a la información, la solicitud debe señalar el nombre del “representante legal”, y con ello inhibe el ejercicio del derecho de acceso a la información.
Expuso que el texto de la fracción del caso es inadecuado porque no garantiza el libre goce del privilegio que tiene toda persona a buscar, recibir y difundir información de cualquier índole.
“El artículo en comento representa una enunciación que veda y limita el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, ya que establece un requisito que es claramente contrario a la fracción III del apartado A del artículo 6º constitucional, además de ser un supuesto que no está contemplado en el texto constitucional ni en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, indica.
Explicó que derogar eliminar el requisito de señalar un representante legal al presentar una solicitud de información pública, obedece también a la adecuación de la fracción III del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que “toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos”.
El diputado Mario Chávez aseveró que su iniciativa, que fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, busca consolidar la idea de que el acceso a la información es un derecho fundamental y una garantía de los individuos frente al Estado Mexicano, haciendo de la información un bien público para todos los ciudadanos.
