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El diputado Alberto Martínez González presentó iniciativa para derogar la norma que actualmente establece que una mujer, al divorciarse, deberá cumplir con un plazo de 300 días antes de poder contraer nuevas nupcias.
El legislador expuso, durante la pasada sesión ordinaria, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ampara el derecho de igualdad entre hombres y mujeres, y es contrario a ello lo que establece el artículo 81 del Código Familiar para el Estado de Morelos.
“Hay que tener claro que el principio de igualdad del varón y la mujer ante la ley, como claramente lo especifica el artículo 4° Constitucional, se considera como un principio básico y universal en nuestra sociedad”.
Destacó que el artículo citado señala que la mujer no puede contraer matrimonio sino hasta pasados trescientos días después de la disolución del anterior. En los casos de nulidad o de divorcio, debe contarse este tiempo desde que se interrumpió la cohabitación.
Señaló que tal limitante se entendía como una medida de protección en caso de que se trate de un hijo del matrimonio disuelto, o bien, para descartar que la mujer haya quedado embarazada de su excónyuge.
Sin embargo, “el derecho familiar ha tenido tal evolución que las medidas de protección con que ahora se cuentan son lo bastantemente sólidas como para dirimir cualquier controversia que verse sobre un posible juicio de reconocimiento o desconocimiento de la paternidad a través de pruebas genéticas, conocidas como pruebas de ADN; claro, sin dejar de mencionar que también, durante el trámite de divorcio administrativo, existe la posibilidad de presentar un certificado médico de no gravidez por parte de la mujer”.
Dijo a sus homólogos que “como legisladores estamos obligados a proveer leyes que creen armonía e igualdad entre la población, tal y como lo ha expresado la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, y expuso que les corresponde evitar y eliminar cualquier rasgo de discriminación en las propias leyes.
La iniciativa del diputado Alberto Martínez fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación para su análisis y dictamen.
