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Uno de los abogados de uno de los verificentros que operaban en el Estado de Morelos confirmó que existen amparos y acciones legales contra el gobierno de Morelos porque el pasado primero de Julio de 2016 la decisión de cerrar 42 centros fue unilateral porque la concesión que tenían vencía hasta el último día de diciembre.
El abogado que pidió omitir su nombre por medidas de seguridad explicó que hubo una afectación a 42 empresarios quienes en promedio invirtieron más de 7 millones de pesos para la operación de estos lugares donde el gobierno de Graco Ramírez decidió cerrarlos para favorecer a sus amigos y allegados.
Ahora los 42 empresarios que quedaron fuera de la licitación de los verificentros enfrentan diversas demandas laborales porque más de 250 personas se quedaron sin empleo ante la decisión del gobierno perredista.
“Por esta decisión unilateral por parte del gobernador de suspender el tema de los verificientros en el estado, ello provocó que varios de estos empresarios presentaran varias demandas de amparo mismas que aún se están ventilando, eso fue con motivo del cierre unilateral y hay que decirlo que Morelos fue el único estado que lo hizo de los estados que conforman la megalópolis aún sin vencerse la concesión que era hasta el 31 de diciembre de este año” dijo.
Explicó que la concesión se licitó de forma “extraña” pues todo indica que el gobierno de Morelos está beneficiando a amigos y compromisos políticos que habrán de financiar las campañas electorales del 2018 a través del ex diputado federal Jorge Kahwagi.
