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Una de las cuatro armas de fuego que portaban los tres escoltas del alcalde de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plascencia y por las que fueron detenidos por elementos de la policía estatal el pasado martes, al no contar con la documentación correspondiente para la portación de las mismas, fue robada en el estado de Sinaloa, por lo que la situación legal de Alonso Plascencia y sus guaruras podría complicarse.
Lo anterior trascendió de manera extraoficial como resultado de las investigaciones y peritajes que inició la delegación de la Procuraduría General de la República, el mismo martes por la tarde en que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, puso a disposición de la autoridad federal a los tres escoltas identificados como: Antonio Eliseo Campos mejía; Juan Luis García García y Josué Fernando Ríos Cardoso.
De la misma manera se logró saber que la autoridad federal investiga la empresa de seguridad privada a la que pertenecen los tres escoltas y a sus dueños, y si uno de estos no es el alcalde Enrique Alonso.
Como lo dio a conocer el mismo alcalde, el pasado martes alrededor de las 15.00 horas cuando se encontraba en una agencia automotriz de la avenida Rio Mayo en la colonia Vista Hermosa y sus escoltas lo aguardaban en la calle, paso un convoy con el Comisionado Estatal de Seguridad, Jesús A lberto Capella, quien afirmó, Enrique Alonso, fue el que ordeno la detención «ilegal y arbitraria de sus escoltas, en una actitud revanchista porque el se opuso al Mando Único».
Los tres escoltas a los que se les encontró en posesión de un rifle AR-15, una metralleta calibre nueve milímetros, una escopeta calibre 12 y una pistola calibre 3.80 y más de 60 cartuchos útiles, fueron remitidos a la SSC, de donde posteriormente fueron trasladados a la delegación de la PGR, por el delito de portación de arma de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas armadas, ya que en todo momento la autoridad estatal, afirmó que «los escoltas no portaban el permiso de comisión para andar armados y mucho menos la licencia de portación de todas y cada una de las armas mencionadas».
Ahora se sabe que al iniciar las investigaciones del caso la PGR, salió a relucir que los peritajes e investigaciones sobre las armas como es el caso de «la huella balística» y la matricula de las mismas, que una de estas, fue robada presumiblemente de una corporación policiaca en el estado de Sinaloa, por lo que la situación legal de los tres escoltas se complica y podría resultar involucrado y con responsabilidad penal, el alcalde.
