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CUERNAVACA. El Congreso del Estado de Morelos, cuyos integrantes han ordenado auditorías especiales en contra de municipios y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos presuntamente con el fin de transparentar el uso que esos organismos hacen de recursos públicos, se mantiene en la opacidad.
En el portal de transparencia del Poder Legislativo de Morelos es imposible conocer las nóminas de octubre, noviembre y diciembre del año pasado ni la de enero de 2017.
En lugar de esa información aparece un listado con las cédulas profesionales de 246 trabajadores del Congreso.
La última nómina publicada es la de septiembre de 2016, en ella hay información relacionada con el número de personas que trabajan para cada uno de los 30 diputados que integran el Poder Legislativo de Morelos.
En la nómina de septiembre de 2016, la última hecha pública, se aprecia que, por ejemplo, la diputada Hortencia Figueroa Peralta, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), tiene a su cargo a poco más de 40 trabajadores.
De las 41 plazas asignadas a su diputación 33 son de auxiliares administrativos, cuatro de asesores, dos auxiliares, uno es un asistente y otra su secretaría taquimecanógrafa.
La diputada Beatriz Vicera Alatriste, presidenta de la Mesa Directivo del Congreso local, cuenta con 16 personas bajo su mando.
El ex Presidente del Legislativo estatal, el priista Francisco Moreno Merino, cuenta con seis trabajadores a su cargo; Julio Espín Navarrete, Presidente de la Junta Política y de Gobierno, tiene bajo su mando a 10 personas, entre ellas dos secretarias, siete auxiliares y un oficial de mantenimiento.
A pesar de la crisis financiera por la que atraviesa el Congreso estatal, derivado de presuntos desvíos de recursos, al menos hasta diciembre del año pasado los presidentes de las comisiones legislativas recibieron mensualmente un bono de 10 mil pesos, como parte de. un fondo destinado para el pago de viáticos.
