Los muertos no votan por eso gobierno no los busca

JOJUTLA, MORELOS. Como los muertos y desaparecidos no votan, los gobiernos no los buscan, no les hacen justicia y no destinan el presupuesto suficiente para su localización, dice Valentina Peralta Puga, coordinadora de la Red de Eslabones por los Derechos Humanos.

Minutos antes de encontrarse con funcionarios de la Fiscalía General del Estado, Valentina detiene su marcha y concede esta entrevista en medio de las tumbas que rodean la fosa donde el martes iniciarán los trabajos de exhumación de más de 30 cadáveres que el Gobierno de Morelos inhumó en medio de irregularidades, sin protocolos de identificación forense lo que, hasta ahora, hace prácticamente imposible que esos cuerpos sean reclamados por sus familiares.

Los muertos no votan, por eso a ningún Gobierno le importa invertir su presupuesto en la búsqueda de las personas desaparecidas y asesinadas, dice, sin identidad, en la mayoría de los casos, personas del pueblo.

“Son personas que no les representan para ellos una importancia de que estén buscando a un familiar de una persona importante, entonces si lo identifican, bien, y si no, también.

“Lo que pensamos es que los mismos gobiernos de los estados no destinan los recursos para que toda el área pericial, para que toda el área de intervención forense tenga lo suficiente”, opina la activista.

Como ejemplo Valentina pone el caso de María Dolores Juárez Cárdenas, una mujer de 28 años de edad que desapareció el 31 de marzo de 2013 en el Estado de México y cuyo cadáver fue encontrado ese mismo día en el Municipio de Cuautla, Morelos.

A pesar de que María Dolores era buscada por sus familia desde el momento de su desaparición, la Fiscalía General de Morelos decidió enviar su cuerpo a las fosas clandestinas de Tetelcingo, en Cuautla.

“No tuvo ni un estado ni otro la intención de mandar un documento y decir ‘encontré a esta persona sin vida, ¿la conoces, la buscas?’ O decir ‘a esta persona la están buscando por aquí, ¿no la has encontrado por allá?’ No, no se molestaron en hacerlo.

“Hemos ido a los distintos espacios forenses del País y no tienen ni guantes que ponerse, el mismo traje que usan para meterse a una necropsia lo cuelgan y se lo ponen para la otra y eso no lo podemos nosotros tampoco poner en los hombros de los ejecutores de ello, sino de quienes destinan los presupuestos y entonces el tema es éste: ‘los muertos no votan, así es que no les vamos a invertir’”, lamenta.

A cuatro días del inicio de la exhumación de los más de 30 cadáveres inhumados en la fosa del panteón municipal de Jojutla, activistas, defensores de derechos humanos, víctimas y autoridades estatales sostuvieron una reunión en el sitio para ultimar los detalles de los trabajos.

Desde hace un mes el panteón es resguardado para evitar que la fosa sea manipulada.

Un policía de Mando Único se encarga de resguardar el sitio.

El uniformado pide los nombres de todas las personas que llegan al panteón y los anota en una libreta que no rebasa el tamaño de su mano.

Durante la entrevista con Valentina Peralta el policía se acerca, intenta escuchar las respuestas, pero al final decide alejarse y tomar fotografías.
La desaparición de personas en México es un fenómeno que tiene muchas causas, dice Valentina, una de ellas es la colusión y fusión que existe entre delincuentes y servidores públicos.

“El gran vacío que ha dejado el ejercicio público de los distintos gobiernos ha provocado que estos grupos tomen el espacio y ya pasando ese nivel ya no solo toman el espacio, sino que hacen asociaciones, son socios comerciales y cuando la pérdida es un ser humano, que es parte de millones que hay, entonces nadie le da importancia porque se convierte en la carne de cañón de ese negocio y ese negocio, de ese negocio también vive gran parte de los gobiernos, de los políticos, de las personas del poder en nuestro País.

“El problema no es que haya grupos de delincuencia, porque eso lo hay en todo el mundo, el problema es que los grupos de delincuencia están también dentro de los espacios de Gobierno, ya no es que se dan una lana, es que son parte, son socios del negocio y ocupan espacios tanto dentro de la estructura de los grupos de la delincuencia organizada, como en la estructura de Gobierno. No hay frontera, no hay división y ése es el problema”, dice Valentina con la mirada del policía de Mando Único encima.

Los más de 30 mil desaparecidos que hay en el País no es un mito, existen y cada vez hay más evidencias que el Gobierno federal y los estatales no pueden negar, agrega.

“Cuando nos quitan un ser querido y no sabemos si está vivo, ni está muerto, eso es la prioridad y la prioridad de al menos 30 mil personas en este País se convierte en la prioridad del País y como una prioridad deben tener respaldo de recursos, todas las políticas públicas relacionadas con búsqueda de seres humanos deben ser el tema de este País, es el tema de este País.

“¿Qué más quieren? Ya no es un dicho decían ‘es que ustedes dicen, pero seguro andan de vagos’. Hoy ahí están las evidencias, ¿qué mas quieren? Si quieren que las personas tomemos esto como un signo de vida, pues ya no tienen que esperar, ya lo tomamos, no los vamos a dejar en paz hasta que todo el dinero que se necesite para que sean buscados los seres humanos y para evitar que nuevos desaparezcan, se implementen las políticas, públicas, no solo ya cuando está cometida la desaparición, tenemos que prever para que esto no siga sucediendo, el que sigue podemos ser cualquiera de nosotros y tememos que evitarlo”, dice Valentina Peralta.

Las fosas clandestinas de Tetelcingo y la fosa común de Jojutla han mostrado al País el camino que deben impulsar en los otros estados del Pais.

En las fosas clandestinas de Tetelcingo de los 119 cadáveres inhumados ahí seis ya fueron identificados y entregados a sus familias.

En Jojutla los activistas esperan que otros cuerpos sean identificados y reclamados.

Cuando concluyan los trabajos en este panteón municipal, las organizaciones de familiares de personas desaparecidos buscarán que, como en las fosas, las autoridades estatales y federales apliquen protocolos de identificación forense y tomen muestras de ADN a todos los cuerpos que hay en las instalaciones del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado.

“Esto es un proceso largo.

“Esto no se ha terminado, estamos en un proceso que no tiene un final”, dice Valentina antes de continuar su camino hacia la reunión.