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El Pleno del Congreso del Estado aprobó solicitar al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que traduzca a lenguas indígenas autóctonas la Constitución Local y todo el ordenamiento jurídico en el Estado de Morelos al facultar con ese objetivo al Presidente de la Mesa Directiva.
Además de traducirla, la legislación se deberá distribuir a todas las comunidades indígenas para lograr el objetivo de que todos los habitantes del estado de Morelos conozcan su Constitución y las Leyes que los rigen, garantizando que sean sujetos de su propio desarrollo y tengan plena participación en las decisiones del país.
El dictamen elaborado por la Comisión de Investigación y Relaciones Interparlamentarias y la Comisión de Pueblos Indígenas, deriva de una iniciativa presentada por el diputado Mario Alfonso Chávez Ortega y consiste en un proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción XXIX del artículo 36 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, y se recorren las fracciones XXX y XXXI.
Con la reforma aprobada por el pleno legislativo durante la pasada sesión ordinaria, se incluye entre las atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva, como una nueva fracción del artículo 36 de la Ley en comento, lo siguiente:
XXIX.- Solicitar al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, realice la traducción y divulgación de todo el sistema jurídico vigente del Estado de Morelos.
La traducción será del español a las lenguas originarias del Estado de Morelos.
La divulgación de la traducción será en los pueblos indígenas en base a los medios más idóneos y accesibles.
En la exposición de motivos, el dictamen aprobado destaca que en México no existe una regulación específica acerca del idioma oficial, pero la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en su artículo 4° establece: “Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente Ley y el español, son lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez, garantizando en todo momento los derechos humanos a la no discriminación y acceso a la justicia de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales”.
