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Sancionar efectivamente el delito de violación cometido en contra de niñas y niños en la entidad, planteó la diputada Beatriz Vícera Alatriste, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, al presentar una iniciativa para reformar de manera integral el artículo 154 del Código Penal para el Estado de Morelos.
En el marco del Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, la legisladora integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, señaló que es necesario “ampliar significativamente los supuestos y las sanciones tratándose de la comisión del delito de violación en contra de menores de doce años”.
Al exponer su iniciativa, subrayó que actualmente la ley en comento sólo prevé agravar la pena que se imponga al violador de una niña o niño, cuando se trata de un maestro o empleado de una escuela, y no así, por ejemplo, de los vendedores de alimentos al interior de esos planteles educativos.
Dijo que, actualmente, la redacción del artículo 154 establece una agravante al delito de violación de niñas y niños, cuando el sujeto activo convive con el pasivo “con motivo de su familiaridad”, y que dicho término resulta ambiguo permitiendo a los delincuentes sexuales sustraerse a la acción de la justicia.
Al respecto la diputada Beatriz Vícera planteó especificar que, “si el pasivo tiene parentesco en cualquier grado, o una relación de tutela, curatela, guarda o custodia, se agrave la pena privativa de la libertad hasta los treinta y cinco años de prisión”.
En su iniciativa que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación para su análisis y dictamen, Vicera Alatriste propuso que, en caso de que el presunto violador haya hecho uso de la fuerza física para cometer el delito, las penas se agraven en una tercera parte adicional.
Subrayó que, tratándose de que el sujeto activo tenga algún parentesco con el menor, este “pierda cualquier derecho que le pudiese corresponder en un futuro respecto del sujeto pasivo, como son alimentos o herencia, la patria potestad, la tutela, la curatela o incluso, revocar la adopción”.
Ante sus homólogos legisladores propuso también establecer “la destitución del cargo, tratándose de un funcionario público, inhabilitación por un plazo igual a la pena de prisión interpuesta y, en el caso de que el sujeto activo sea un médico o psicólogo, la imposibilidad para ejercer su profesión”.
Debemos cerrar “la puerta a esos delincuentes sexuales y a sus abogados que, escudándose en los defectos de la ley penal, eluden su responsabilidad a pesar de haber realizado dicha conducta”, enfatizó Vícera Alatriste durante la sesión ordinaria de este día.
