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La Asociación Ecológica de Verificación, organización integrada por dueños de 18 verificentros a los que el Gobierno capitalino no renovó su concesión, anunció en conferencia de prensa que cuatro de sus centros ya cuentan con suspensiones provisionales de amparos que evitan que salgan de operación el 31 de diciembre.
Además, anunciaron que están en proceso de presentar otros 14 amparos para que los otros centros tampoco dejen de operar.
Gustavo Soto, asesor jurídico de la asociación, presumió que el Gobierno capitalino violó los derechos de los concesionarios al no permitirles la renovación de la concesión.
Y que la Secretaría de Medio Ambiente capitalina (Sedema) violó el procedimiento contemplado en el Manual de Operaciones de los Verificentros.
El asesor jurídico indicó que también impugnarán los resultados de la nueva convocatoria con la que la Sedema entregó 55 nuevas concesiones con la que dejó fuera a los integrantes de la asociación.
Una de las irregularidades que presumieron es que los participantes fueron notificados de que no obtuvieron concesión siete meses después de que las autoridades tuvieron los resultados.
Soto agregó que también iniciarán una demanda civil para que los afectados reciban una indemnización por parte del Gobierno capitalino para los aproximadamente mil trabajadores directos e indirectos que se quedarán sin empleo.
Además, para que los dueños de los verificentros también reciban indemnización por las inversiones de hasta 20 millones de pesos en cada centro.
A la fecha ya tenemos interpuestas varias demandas de amparo en contra de la modificación al Manual de Operaciones, esto es al momento que la Secretaría de Medio Ambiente deja sin efectos el procedimiento para revalidación de los verificentros que actualmente están laborando obviamente hay una violación flagrante a los derechos», dijo.
En marzo, la Sedema emitió una convocatoria para otorgar 55 concesiones a nuevos verificentros puesto que no renovaría las autorizaciones a los 74 que actualmente operan en la ciudad y cuyos permisos vencen el 31 de diciembre.
Gustavo Torres, presidente de la Asociación Ecológica de Verificación, exigió que el Gobierno capitalino les autorice seguir trabajando.
Todo esto para beneficiar a unas cuantas empresas, ojalá fueran 55 empresas, son mucho menos las empresas las que se apoderan del programa de verificación vehicular. Pedimos que se investigue está convocatoria que para nosotros viene viciada desde un principio, demandamos al Gobierno de la ciudad nos regrese las autorizaciones», dijo.
En la Ciudad de México cada seis meses 2.2 millones de autos verifican, trámite que cuesta alrededor de 470 pesos por unidad.
Información de Excélsior
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/12/20/1209086
