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Conceden suspensión a Cuauhtémoc Blanco y a su cabildo para evitar destitución

Por no pagar una deuda heredada de 27 millones de pesos el Presidente municipal Cuauhtémoc Blanco y el resto de los integrantes del Cabildo de Cuernavaca fueron destituidos e inhabilitados por orden de un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

“Este Tribunal, la tercera sala del Tribunal de Justicia Administrativa en el expediente 212 de 2016 emitió una resolución en la que se condena al Ayuntamiento de Cuernavaca al pago de cierta cantidad de dinero, que no recuerdo específicamente, pero anda por el orden de los 27 millones de pesos”, dijo Jorge Alberto Estrada Cuevas, magistrado presidente del TJA.

El Ayuntamiento debe 27 millones de pesos a la empresa recolectora de basura Totcher SA, a quien las dos administraciones anteriores a la de Blanco, dejaron de pagar por sus servicios.

De acuerdo con el magistrado presidente del TJA, el Gobierno de Blanco no atendió los requerimientos que la autoridad judicial le hizo para que saldara esa deuda, por lo que ordenó la destitución para que los suplentes de todo el Cabildo asumieran el cargo de los titulares.

“Se ha requerido al Ayuntamiento de Cuernavaca para que dé cumplimiento con el pago de la misma, estos requerimientos que se le han hecho no han sido suficientes para lograr el cumplimiento de la sentencia y por ello el 15 de diciembre del 2017 este tribunal, la Tercera Sala del Tribunal, dictó una resolución que determinó la destitución, no solo del Presidente municipal de Cuernavaca, sino de todo el Cabildo”, dijo Estrada Cuevas.

Ante esa orden, el área jurídica del Ayuntamiento presentó un juicio de amparo y una controversia constitucional.

“Se tomó como estrategia presentar un amparo y al mismo tiempo una controversia constitucional, afortunadamente en el amparo obtuvimos la suspensión definitiva y también la controversia fue aceptada por parte de la Corte”, expresó José de Jesús Guízar Nájera, Secretario de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento.

Para la Administración de Blanco, el Artículo 91 de la Ley de Justicia Administrativa que faculta a los magistrados del TJA a destituir a funcionarios municipales es inconstitucional, por eso promovieron el recurso ante la Corte.

“Lo que hace la Corte es ahorita revisar de alguna manera este precepto que utiliza el magistrado donde en su Artículo 91 de la Ley de Justicia Administrativa lo faculta a este magistrado a podernos imponer esta destitución e inhabilitación, desde nuestra perspectiva esto es ilegal, desde luego es violatorio de los procedimientos que ya obran en la Constitución para poder remover personas que ya fueron de elección popular”, dijo Guízar.

El magistrado presidente del TJA confirmó que un juez de distrito admitió el juicio de amparo promovido por el Ayuntamiento y concedió la suspensión, lo que ya fue notificado.

“Nos notificaron demandas de amparo promovidas por los miembros o por los integrantes del Ayuntamiento de Cuernavaca, en estas demandas de amparo que promovieron de manera conjunta y por separado algunas de ellas, el juez de distrito que admitió la demanda concedió la suspensión para que no se hiciera efectiva la resolución que nosotros dictamos”, dijo.

En tanto el Gobierno de Cuauhtémoc Blanco informó que la de los 278 millones de pesos es una de las deudas heredas por las administraciones de los priistas Manuel Martínez Garrigós, Rogelio Sánchez Gatica y Jorge Morales Barud.

“Es algo bien importante, no son deudas generadas por esta administración, todas las deudas devienen de administraciones anteriores, administraciones del Alcalde Martínez Garrigós, de Sánchez Gatica, desde luego de Morales Barud, entonces lo único que estamos haciendo es utilizar la legalidad para poder tener al Alcalde Cuauhtémoc Blanco en su encargo”, dijo Guízar Nájera.

Con estos procesos legales, el Edil y su Cabildo permanecen firmes al frente del Ayuntamiento.

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