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La Conferencia es un órgano colegiado, integrado con fundamento en lo dispuesto por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Conferencia es el foro oficial en el que se toman decisiones coordinadas por parte de las fiscalías y procuradurías de las entidades federativas y de PGR en materias tan importantes como el combate a la delincuencia, la investigación del delito y la mejora continua de las capacidades sustantivas y adjetivas de las instancias de Procuración de Justicia del país.
De acuerdo a sus Estatutos, la Conferencia se organiza en 5 zonas geográficas, cada una de las cuales se reúne dos veces por año. Además, se realizan dos Asambleas Plenarias cada año. En las sesiones se trabajan asuntos sustantivos de Procuración de Justicia en el país; por ejemplo: (i) la evaluación del desempeño y consolidación del sistema de justicia penal adversarial, (ii) el diseño de un nueva arquitectura institucional que soporte las tareas de investigación y persecución penal con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales; (iii) las mejores prácticas en materia de litigación estratégica, así como para estandarizar la calidad de los servicios que se prestan a la población.
A través de la Conferencia se han desarrollado importantes dinámicas de colaboración entre los estados y la Federación. Por ejemplo, la consolidación de la estrategia antisecuestro; el fortalecimiento de la estadística criminal; la colaboración con la Interpol; así como la aplicación de los recursos federales destinados a los programas prioritarios de procuración de justicia.
Hemos aprobado más de 25 protocolos, guías y lineamientos que nos permiten armonizar los criterios de actuación del personal sustantivo en los procesos de aseguramientos, investigación, atención a víctimas de manera diferenciada, acceso de las mujeres a la justicia con perspectiva de género, entre otros.
Hacia adelante, la Conferencia tiene una ambiciosa agenda de trabajo enfocada en la mejora de los servicios de procuración de justicia del país y en la satisfacción de sus usuarios, que incluye temas tan diversos como:
(i) Financiamiento suficiente y con reglas eficaces de transparencia.
(ii) Certificación internacional de los laboratorios de servicios periciales que garanticen la cientificidad de la investigación criminal.
(iii) Planeación estratégica para la transformación organizacional que permita la transición hacia una arquitectura institucional y un modelo de operación que fortalezca las capacidades institucionales necesarias en el Sistema de Justicia Penal Adversarial.
(iv) La articulación de una política criminal nacional que descanse en planes de persecución penal, nacional, regionales y locales, que fortalezcan el federalismo colaborativo.
En este orden de ideas, todos los integrantes de la Conferencia, 11 procuradores y 22 fiscales, cada uno con distintos desafíos, fortalezas y debilidades, pero todos trabajando intensa y coordinadamente para mejorar nuestros servicios y la satisfacción de nuestros usuarios, nos encontramos listos para trabajar con todos los funcionarios de las distintas dependencias de seguridad federales de la Administración del Presidente electo, Lic. Andrés Manuel López Obrador, para fortalecer integralmente nuestra labor.
Independientemente de cualquier opinión personal sobre nuestro trabajo, coincidimos en que la autonomía de las fiscalías no es un elemento suficiente para mejorar los servicios que prestamos; más bien se requiere reestructurar la mismísima institución de procuración de justicia, con el firme apoyo y coordinación de todos los que participamos en este fundamental aspecto de la gestión gubernamental
La Conferencia entiende que los avances y desafíos que enfrentan todas y cada una de las procuradurías y fiscalías del país requieren de trabajo colaborativo con la Federación, lo cual redundaría en el planteamiento de una agenda profundamente relacionada con el Estado Derecho y el combate a la impunidad.
