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El gobierno de Graco Ramírez a 23 días que culmine pretende ganar millones de pesos y regularizas miles de permisos del transporte público.
Lo anterior quedó al descubierto luego de que sin justificación alguna publicó un acuerdo en el periódico oficial del 5 de septiembre donde otorga facultades al Secretario de Movilidad y Transportes José Ascención Monter para otorgar o quitar concesiones.
Lo que pretende el gobierno es que durante el fin de semana se comiencen a cobrar estos permisos que dieron a cambio de concesiones que se prometieron en la campaña del PRD. Esto sería un acto ilegal porque se violarían diferentes artículos de la Ley de Transporte del Estado de Morelos.
Por ejemplo al artículo 45 que señala que: “Para el otorgamiento de concesiones, el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, a través del Secretario, deberá publicar en el Periódico Oficial del Estado, conjuntamente con la Convocatoria, la Declaratoria de necesidades respectiva, que justifique el incremento de las concesiones existentes de acuerdo con la modalidad de que se trate”. Situación que no ocurrió.
También se violaría el artículo *46 que explica que: ”El Gobernador Constitucional del Estado de Morelos otorgará las concesiones mediante concurso público siguiendo el procedimiento establecido en la presente Ley y su Reglamento; a excepción de las referidas en los artículos 35,62 y 63 de esta Ley, las que podrá otorgar a través de la Secretaría sin someterse a concurso, siempre y cuando se cumplan los requisitos que marca este” pero no existió ningún concurso salvó en el año 2014 el cual la contraloría primero dijo fue ilegal y después algunas de estas placas pretenden reasignar.
Otra violación sería al artículo 47 que dice: “La declaratoria de necesidades para el otorgamiento de concesiones, contendrá como mínimo lo siguiente:
I. Los resultados de los estudios técnicos que justifiquen el otorgamiento; II. Las zonas territoriales en las que la oferta de Servicio de Transporte Público debe ser incrementada; III. La modalidad de Servicio de Transporte Público de que se trate; IV. El tipo, número, antigüedad y características de los vehículos que se requieran; V. Las condiciones generales para la prestación del servicio, y VI. Las demás que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables”.
Pero nada de esto ocurrió y el gobierno lo que pretende es hacer dinero previo a que los funcionarios dejen el cargo dejando un problema a la próxima administración por la saturación que habrá del servicio pues de manera extraoficial que son cerca de 10 mil.
