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Diputados de la bancada del Partido del Trabajo (PT) encabezada por José Casas denunciaron que el Fiscal General de Justicia, Uriel Carmona Gándara, y el Fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, no cuentan con exámenes de control y confianza, esto gracias a la información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública por lo que consideran necesario su remoción del cargo, por lo que solicitaron la intervención del Gobernador del Estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, para poder dar garantía de que quienes ocupen estos cargos puedan cumplir con lo establecido en la normatividad.
José Casas explicó que el 5 de noviembre del año en curso le solicitaron al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, para que, a través del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, les confirmaran la normatividad, acuerdos y lineamientos que obligan a un servidor público que se desempeña bajo el nombramiento y funciones de fiscal general o especializado de cualquier entidad federativa, cumpla con los requisitos de evaluaciones de control y confianza, vigentes y aprobadas para su ingreso y permanencia en alguna institución.
Así también se les solicito la información sobre si dentro de las bases de datos existe registro donde se acredite que los fiscales cuentan con estas evaluaciones, y la respuesta por parte de las autoridades en el oficio SESNP/CNCA/2234 fechado el 13 de noviembre de noviembre del 2018 y firmado por el titular del CNCA Enrique Cabrera Aguilar fue con base en el Articulo 21 decimo párrafo inciso b de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Ninguna persona puede ingresar a las instituciones de seguridad pública si no está debidamente certificada y registrada en el sistema nacional”.
Y en el artículo 40 fracción 15 de la ley general de seguridad pública se encontró la explicación de que los integrantes de instituciones de seguridad publica están obligados a la acreditación de requisitos de permanencia y mantener vigentes la certificación respectiva.
Posteriormente recibieron un documento por parte de la autoridad federal en donde explican de manera contundente que los actuales fiscales no se encuentran dentro de los registros y expedientes de evaluación y acreditación de los exámenes de control y confianza.
El 15 de noviembre pidieron al Comisionado Estatal de Seguridad informara sobre la impresión de la hoja de servicio que contiene la información que se encuentra en todas las bases de datos en plataforma México de los funcionarios antes mencionados y se recibió respuesta del Oficio SAISP/DRSP/525/11 firmado por el Director de Registros de Seguridad Publica, Noel Guido Delgado, donde se confirmó que ni Uriel Carmona Gándara no cuenta con registro alguno de personal de seguridad pública con certificaciones realizadas y vigentes, mientras que Juan Salazar Núñez no se encuentra con registro en la base de datos del registro nacional de seguridad pública.
Siendo así los diputados consideran que no pudieron ser designados y permanecer en los cargos como titulares ya que es un delito contra la ley general del sistema nacional de seguridad publica en los artículos 68 69 y 139 catalogado como delito contra el funcionamiento de seguridad pública al ejercer los cargos sin la debida certificación.
El diputado explicó que el 28 de noviembre mediante sesión ordinaria se intentó generar un punto de acuerdo referente al tema y se subiera a plenos, pero no existió consenso por parte de los legisladores, donde no informó quienes estuvieron en contra, pero si lamentó que los compañeros no vieran la gravedad de la situación ya que catalogaron los documentos como apócrifos
Finalmente, José Casas informó que esto tendrá que resolverse de manera administrativa y a través del gobernador que tiene la facultad de nombrar o solicitar renovación de funcionarios.
