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Renuncia Vicente Loredo Méndez como Auditor General, está acusado de tapar a Graco Ramírez y ex diputados

A las 9:34 de la mañana de este viernes fue entregada al presidente de la mesa directiva del Congreso Local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez la renuncia del Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalía del Congreso Local, Vicente Loredo Méndez.

En el documento que entregó Vicente Loredo señala que fue por motivos personales su renuncia y se lee:

“Por medio del presente respetuosamente me dirijo a usted para presentar mi RENUNCIA y a partir del 30 de noviembre del 2018 con carácter de irrevocable, al cargo de AUDITOR GENERAL de la entidad superior de auditoría y fiscalización del congreso del estado de Morelos, lo anterior por razones personales” y firma José Vicente Loredo Méndez.

El pasado 12 de noviembre el auditor había acudido a comparecer ante diputados donde confesó que tenía aviadores trabajando con él, además aceptó que recibió de manera directa más de 2 millones 335 mil pesos de enero a junio de 2018 un mes antes de las elecciones en una partida “extraordinaria” que le dio el ex secretario de Hacienda Jorge Michel Luna quien siempre aseguró que gobierno no tenía dinero e incluso se negó a dar recursos a los órganos electorales que tuvieron que recurrir a los tribunales para obtener dinero para organizar las elecciones.

La comparecencia del auditor dejó claro que fue la delincuencia organizada del gobierno pasado quienes orquestaron el saqueo de Morelos primero para obtener recursos, desviarlos y protegerse de cualquier acción legal en su contra.

En esa comparecencia se le ordenó que retomara una auditoría del crédito de 2 mil 800 millones de pesos que se le aprobó a la administración de Graco Ramírez. La auditoría que le pedían retomara era del ex auditor Luis Manuel González quien logró documentar malversación de recursos y ordenaba acciones penales e informes a la Comisión Nacional Bancaria.

Y es que Vicente Loredo quien hoy renuncia al cargo de esa auditoría al crédito solo determinó “sanciones administrativas” por un monto de 20 millones de pesos contra funcionarios menores de obras públicas y secretaria de hacienda al “acreditarse que no desviaron recursos solo lo mal emplearon”.

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