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Por considerar que implica un retroceso para el país que condena a los estudiantes mexicanos a la mediocridad, Gustavo A. de Hoyos, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), informó que el organismo empresarial intentará revertir la nueva Reforma Educativa.
“Estamos en presencia de una contrarreforma educativa, es evidente que con la aprobación de estas normas implica, no cabe duda, un gravísimo retroceso, se está condenando prácticamente a la mediocridad educativa al País y sobre todo señalar que nos preocupa que los principales damnificados de esta reforma son los niños y los jóvenes de las clases menos favorecidas económicamente, las clases medias y las clases altas pueden proveerse de manera alternativa educación privada, y en cambio en las clases menos favorecidas económicamente pues van a tener que mantenerse con una educación de dudosa calidad.
“Sobre todo cuando a raíz de estas reformas, ya no va a ser el maestro más calificado, el que gane un examen, el que tenga derecho a estar en un grupo, sino que ahora resultado de esta reforma, será la recomendación de los sindicatos, es una gravísima involución, un retroceso, una traición al país, el que se entregue a un sindicato, y no a la propia Secretaría de Educación, el control, para decirlo de manera clara, de las plazas, de la administración del proceso educativo”, expresó el empresario.
Añadió que la “contrarreforma educativa” es el pago de Andrés Manuel López Obrador a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por el apoyo a su candidatura en el pasado proceso electoral.
Ante eso, dijo, el organismo empresarial intentará revertirla.
“Desde luego que hay varias instancias en las cuales se puede impugnar esta legislación, hay acciones de inconstitucionalidad que pueden intentar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las puede intentar también el 33 por ciento de legisladores, vamos a ver si los legisladores logran este número para que puedan hacerlo valer, habrá otros momentos donde podrán los particulares hacer valer amparos, en ciertos casos controversias constitucionales.
“Nosotros tenemos un área jurídica robusta, interdisciplinaria, desde luego que preferimos estar siempre en el diálogo político, tratamos de construir políticas públicas, tratamos de hacer valer siempre la información, los datos, las tendencias a nivel global, las experiencias internacionales y cuando estas vías se agotan, pues analizamos si hay un camino alternativo, insisto, siempre en el estado de derecho, nos tenemos que acostumbrar en este país, todos, que para eso existen las vías judiciales, que cuando una legislación es nociva para un sector o para toda una sociedad, pues está el camino expedito para que se pueda impugnar”, expresó.
