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Piden investigar red de extorsionadores tras desaparición de profesor de Tepoztlán.

El abogado y familiares del profesor jubilado Albino Quiroz Sandoval, desaparecido desde 2017, pidieron que la Fiscalía General del Estado (FGE) investigue la existencia de un grupo criminal, encabezado por un ex policía de Tepoztlán, dedicado a extorsionar a pobladores de esa comunidad.

La tarde de este jueves Efraín Márquez Durán,  asesor jurídico de la familia Quiroz Peñaloza, y la esposa del profesor desaparecido, Maricela Peñaloza Flores, acudieron a las instalaciones de la FGE para solicitar formalmente una reunión con el Fiscal General, Uriel Carmona, en la que le pedirán que extienda la investigación a los cómplices de una persona sentenciada por este caso.

“Nos estamos presentando para solicitar audiencia con el licenciado Uriel Carmona Gándara, específicamente porque no nos han atendido en cuanto a la búsqueda y localización del maestro Albino Quiroz Sandoval. Ya vamos casi dos años en donde no hemos tenido resultados objetivos para continuar con diligencias que ha pedido esta asesoría jurídica particular y la familia en el sentido de que este asunto, al tratarse de un secuestro agravado, lo conozca una autoridad especializada como lo es la Fiscalía Antisecuestros.

“Actualmente tenemos una sentencia por 50 años en contra del acusado, que ya se confirmó mediante una apelación, una resolución de segunda instancia, donde se le impone esa sanción de 50 años de privación de la libertad, y parece ser que para la Fiscalía el haber obtenido una sentencia condenatoria por privación de la libertad garantiza justicia y no es así”, dijo el abogado.

El sentenciado por este caso es Juan Carlos Reyes Lara, un ex policía de Tepoztlán y ex director de Asuntos Internos de esa corporación, experto en artes marciales.

“De todas las investigaciones que se han realizado es evidente que no participó una persona, aquí hay una participación de al menos tres personas que más o menos están identificadas de acuerdo a la investigación de manera clara y la Fiscalía no solamente se niega a realizar actos de investigación para el paradero.

“Se metió una denuncia precisamente a una persona que está encubriendo información que ha buscado obstaculizar presentando testigos falsos y no ha hecho nada en contra de esta persona, lo sabe perfectamente la Fiscalía, tiene esa información, se le ha proporcionado y ha negado continuar con un caso para detener o hacer algo en contra de esas otras dos personas que ya se tienen identificadas, independientemente de que existan algunas otras más”, dijo el abogado.

Además de extender la investigación hasta detener a todos los que participaron en este delito, la familia del profesor pide a la Fiscalía que dé con su paradero.

“El móvil de este asunto no es algo que se tenga en secreto, no es algo que esté en tabú, la comunidad de Tepoztlán, el pueblo de Tepoztlán sabe perfectamente a qué se dedica esta persona, que fue un policía, que fue director de Asuntos Internos de la Policía municipal de Tepoztlán, que es abogado con una maestría, que es experto en artes marciales y el móvil de este señor es que esta persona se dedicaba a pedir dinero prestado a personas de la tercera edad, en especial a jubilados, y cuando las personas se disponían a cobrarle, él los amenazaba con desaparecerlos, con matarlos, con causarles un daño grave en su persona o en su familia.

“No es el primer caso y siempre se estuvo manejando esto en la Fiscalía, ellos tienen conocimiento de dos casos más, de uno en especial, una maestra que incluso la amenazaron en vía pública y frente a muchas personas”, dijo el abogado.

Fuentes de la Fiscalía informaron que las acciones de búsqueda del profesor continúan.

“Se logró la sentencia de 50 años de prisión en contra del responsable, el caso no se ha cerrado. La investigación sigue para localizar al profesor”, dijo la fuente consultada.

La familia de Albino Quiroz adelantó que si el Fiscal General no atiende su petición, interpondrán una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y amparos para obligar a la autoridad estatal a actuar y avanzar en las investigaciones.

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