Prevén ediles de Morelos inoperancia por reducción de presupuesto.

Ediles de Morelos prevén que la eliminación del denominado Impuesto Adicional, ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), les impedirá operar, incluso, los servicios públicos en los municipios.

Hace unas semanas la Corte declaró que el cobro de este impuesto, del cual un porcentaje debía ser transferido a la Universidad Autónoma del Estado (UAEM), es ilegal por lo que ordenó al Congreso del Estado eliminarlo de las leyes de ingresos a partir de 2020.

El Impuesto tenía una tasa de 25 por ciento sobre el importe de las contribuciones que sí son legales, de cuya recaudación 15 por ciento estaba destinado a temas de educación; 5 por ciento a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; 2.5 al fomento de la industria y 2.5 por ciento al Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE), aunque el ejercicio de dichos recursos era arbitrario y en algunos casos opaco.

Para los ediles de Morelos la cancelación de este cobro golpea severamente las finanzas de los municipios.

“Ese 25 por ciento que hoy se pretende disminuir, entendemos que es una orden finalmente de la Corte porque este impuesto se había generado desde los 80, cuando estaba Lauro Ortega como gobernador, 30 años después nos dicen que ya no debe de cobrarse, sin embargo el problema que tenemos ahorita es que se eliminó el Ramo 33, como ustedes sabrán, y nada más por por poner el ejemplo de Jojutla, dejó de percibir en ese Ramo 38 millones de pesos que eran para obra.

“En el Ramo del Fortaseg, que es programa de seguridad, Jojutla recibía 11 millones de pesos, este año recibimos 0 pesos para el tema de seguridad, en 2019, y si a esto le sumamos el tema de la inflación, si le sumamos temas que tienen que ver con la situación económica que se vive en todo el país, evidentemente estamos en una situación muy complicada y si nos diminuyen todavía un 25 por ciento de lo que ingresa al municipio, pues evidentemente que nos van a poner en una situación prácticamente de banca rota en cada uno de los ayuntamientos”, dijo Juan Ángel Flores Bustamante, Alcalde de Jojutla.

Por eso los ediles cabildean en el Congreso del Estado con el fin de convencer a los legisladores de generar un mecanismo que subsane en sus leyes de ingresos municipales el boquete financiero que les provocará la cancelación del impuesto.

De acuerdo con Flores Bustamante, si los ayuntamientos dejan de recibir ese 25 por ciento, estaría en riesgo incluso la prestación de servicios públicos, como la recolección de basura.

“¿Cómo vamos a dar los servicios, ya no digamos las obras, los servicios básicos que hoy se prestan como el de basura, como el tema de las electrificaciones, el tema del agua, los servicios hasta de la papelería en el sentido de todos los documentos que se necesitan entregar?

“Para Jojutla representa más de 10 millones de pesos que estaríamos dejando de percibir con esta cuestión y lo que estamos planteando es que se cambie, al final entendemos que esa cuestión fue así y lo que le pedimos a los diputados es solidaridad, no es una cuestión que sea de beneficio para el Alcalde o los regidores o la Síndico, en el caso de Jojutla ustedes lo saben, hemos bajado el salario al 50 por ciento de lo que se ganaba anteriormente, hemos disminuido en gran parte la nómina del municipio, no hemos hecho gastos suntuosos realmente lo que estamos ejerciendo nosotros es para el bien de la ciudadanía”, expresó el Edil.