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Garante de los principios de legalidad y constitucionalidad, privilegiando el camino de la conciliación, la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado celebró mil 405 convenios derivado de demandas laborales entabladas en contra del poder Ejecutivo en el periodo de 01 de enero a noviembre de 2019, lo que equivale a un total de 22 millones 115 mil 126 pesos.
El titular de la dependencia, Samuel Sotelo Salgado, expresó que lo anterior contribuyó significativamente no sólo en la disminución de demandas, sino en la reducción de erogaciones en caso de que éstas se hubiesen convertido en laudos condenatorios.
Indicó que, a través de la Dirección General de Asuntos Burocráticos, en coordinación con las secretarías, dependencias y entidades, se busca prevenir y atender los conflictos de trabajo individuales y colectivos, privilegiando la conciliación.
Mediante la Dirección General de Consultoría de Asuntos Administrativos se efectúa la revisión de los proyectos de acuerdos, nombramientos, resoluciones y demás instrumentos de dicha naturaleza que contribuyan a la armonía y unidad.
En ese sentido, Sotelo Salgado señaló que en el mismo periodo han intervenido en 27 asuntos civiles, cuatro electorales, 99 penales, ocho agrarios y 47 contenciosos-administrativos, para un total de 185 entre juicios y procedimientos.
Respecto a juicios de amparo, comentó que en comparación con el 2018, ha disminuido de manera considerable la presentación de demandas por medios de control constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El funcionario estatal manifestó que, de igual manera se validaron 91 proyectos de ordenamientos jurídicos, entre los que destaca el decreto por el que se crea y regula el Órgano desconcentrado denominado Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos y el decreto por el que se crea y regula el Órgano de Seguimiento e Instrumentación (OSI) para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030.
Asimismo, el Código de Ética y Reglas de integridad a las que deben sujetarse los servidores públicos de la Administración Pública Estatal, el Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Biodiversidad del Estado de Morelos y el decreto que establece las disposiciones de austeridad del gasto público para la Administración Pública del estado de Morelos.
Finalmente, Samuel Sotelo apuntó que se analizaron 596 instrumentos legislativos aprobados por el Congreso del Estado y remitidos al Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación, formulándose únicamente observaciones a 38 instrumentos.
Con estas acciones, Morelos se recupera y avanza hacia un esquema de trabajo mediante el cual se busca favorecer la armonía y unidad dentro del estado
