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Vinculan a proceso a ex secretaria de Obras Públicas de Morelos por presuntamente avalar de manera ilegal, la adjudicación directa de una obra por más de 42 mdp

Luego de lograr la vinculación a proceso de tres ex funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Obras Públicas de Morelos, este 19 de octubre del presente año, la Fiscalía Anticorrupción obtuvo también la vinculación a proceso de la ex titular de dicha dependencia, Patricia «N», por presuntamente avalar de manera ilegal, la adjudicación directa de una obra por más de 42 millones de pesos.
Cumplidas las 144 horas otorgadas por el Juez a la defensa de la ex secretaria de Obras Públicas de Morelos, este martes se realizó la audiencia para determinar la situación jurídica de Patricia «N», quien quedó vinculada a proceso por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público.
Como se recordará, fue el pasado viernes 15 de octubre en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, que fueron imputados Patricia «N» ex secretaria de Obras Públicas; Sergio «N» ex subsecretario de Evaluación y Seguimiento de Obra, Alejandra «N» ex directora general de Licitaciones y Contratación de Obra Pública, y José «N» ex director General de Caminos y Puentes, todos de la Secretaría de Obras Públicas de Morelos.
Lo anterior, debido a que el 30 de diciembre de 2015, presuntamente avalaron de manera indebida el fallo emitido en favor de la empresa Asfaltos PRISMA S.A. de C.V., mediante el cual se adjudicó de manera directa, el contrato de obra pública número SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.-082/2015, por un monto total de 42 millones 591 mil 188 pesos.
Presuntamente, los imputados no acataron lo establecido en los artículos 41, 42 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas vigente en 2015, la cual establecía que el tope máximo por adjudicación directa era de un millón 278 mil pesos, por lo que contravinieron y violentaron las disposiciones aplicables a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas; por ello, todos quedaron vinculados a proceso y el Juez dio tres meses para el cierre de la investigación.
De acuerdo con el artículo 20 constitucional, toda persona imputada tiene derecho «A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa».

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