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La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos obtuvo la vinculación a proceso de Ángel “N”, ex presidente municipal de Tlalnepantla, por el delito de extorsión agravada.
Lo anterior, tras presentar una investigación sólida, respaldada por pruebas documentales y testimoniales, que acreditan que el exedil exigía pagos indebidos a elementos de Seguridad Pública, regidores y empleados del Ayuntamiento, a cambio de conservar sus puestos de trabajo. Incluso, presuntamente, desde su elección, solicitó dinero a personas que buscaban un empleo en la administración municipal.
De acuerdo con la carpeta de investigación, tras resultar electo en junio de 2021, Ángel “N” convocó a diversas reuniones con colaboradores de campaña y trabajadores en funciones, especialmente elementos de Seguridad Pública.
Una de estas reuniones se llevó a cabo el 5 de noviembre de 2021, a las 17:00 horas, en un inmueble ubicado en la calle Brasil número 3, Barrio de San Felipe. Al encuentro asistieron al menos cuatro denunciantes y otros elementos de Seguridad Pública. En el lugar, el entonces alcalde electo, acompañado de Arlette “N” —designada como coordinadora contable del Ayuntamiento— y el entonces encargado del despacho de Seguridad Pública, exigió a los policías el pago de 3 mil pesos para conservar su empleo. Les dio plazo hasta diciembre de ese año para entregar el dinero a Arlette “N”.
El 6 de noviembre, convocó otra reunión a la que asistieron alrededor de 40 personas que lo apoyaron durante su campaña. Durante ese encuentro, el exalcalde solicitó 5 mil pesos a cada uno a cambio de ser dados de alta en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. También instruyó para que el dinero fuera entregado a su contadora.
En audiencia de vinculación a proceso realizada el pasado 19 de mayo de 2025, en la Ciudad Judicial de Cuautla, la Fiscalía Anticorrupción presentó pruebas documentales y testimoniales de víctimas, empleados y regidores -a los que también les exigió dinero-, confirmando que el exalcalde cometió actos de extorsión contra personas vulnerables con necesidad de empleo; es por ello, que, la jueza decidió vincular a proceso a Ángel “N” y Arlette “N”.
A solicitud del Ministerio Público, la jueza impuso medidas cautelares a los imputados, que incluyen: firma periódica mensual, prohibición de acercarse a los testigos, restricción para salir del país sin autorización, y la prohibición de acudir al Ayuntamiento y a las instalaciones de Seguridad Pública. Conforme al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial.
