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Una explosión en un transformador, ocurrida en junio pasado, que dejó sin energía eléctrica a la Ciudad Judicial de Atlacholoaya y al Centro de Reinserción Social (CERESO) Morelos, reveló serias irregularidades en el sistema fotovoltaico inaugurado en abril, promovido como un proyecto insignia por el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea. La obra, con un costo de 3 millones 264 mil pesos, prometía un ahorro energético superior al 80%, pero falló estrepitosamente en un momento crítico, poniendo en duda la transparencia en su ejecución y el manejo de los recursos públicos.
Según una investigación publicada por el reportero Carlos Quintero en el portal El Guardián MX, el sistema fotovoltaico, presentado como un avance en modernización energética, no solo no cumplió con su propósito de garantizar autonomía eléctrica, sino que evidenció posibles actos de corrupción durante la gestión de Gamboa Olea.
La falla del sistema durante la contingencia eléctrica ha levantado sospechas sobre la calidad de la instalación, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la adjudicación del contrato.
El actual presidente del TSJ, Juan Emilio Elizalde Figueroa, confirmó que la Dirección de Administración lleva a cabo una auditoría ordenada por el Congreso del Estado para esclarecer las causas del colapso y evaluar la gestión de su antecesor.
“Estamos revisando qué pasó exactamente. Pronto tendremos información más precisa, pero debemos esperar los resultados de los especialistas”, declaró Elizalde, manteniendo reserva sobre los avances preliminares.
La auditoría no solo examinará el funcionamiento deficiente del sistema de paneles solares, sino también posibles irregularidades en la licitación, ejecución y supervisión del proyecto. Entre los puntos bajo escrutinio están el destino de los fondos públicos, la selección de proveedores y si se cumplieron las especificaciones técnicas prometidas por Gamboa Olea, quien en su momento alardeó de los beneficios de la obra.
El incidente del transformador dejó al descubierto que el sistema fotovoltaico, diseñado para ser un respaldo energético y reducir costos, no operó durante la emergencia, lo que ha generado cuestionamientos sobre su viabilidad técnica y la integridad de su implementación.
Este caso pone en entredicho uno de los proyectos más ambiciosos del Poder Judicial morelense bajo la administración de Gamboa Olea, quien ahora enfrenta señalamientos por presunta malversación de recursos.
Aunque aún no hay una fecha definida para la presentación del informe final de la auditoría, las conclusiones podrían derivar en responsabilidades administrativas o incluso penales para los involucrados, en caso de confirmarse actos de corrupción o negligencia. Este escándalo no solo afecta la credibilidad del TSJ, sino que también resalta la necesidad de mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión de proyectos públicos en Morelos.
