Cámaras empresariales de Morelos exigen diálogo ante nuevos impuestos para 2026

Las principales cámaras empresariales de Morelos alzaron la voz este miércoles contra la intención del gobierno estatal de aprobar en 2026 nuevos impuestos cedulares que gravarían a los contribuyentes formales, en un contexto donde más del 64% de la fuerza laboral en la entidad opera en la informalidad y no está registrada ante el IMSS.
Los dirigentes empresariales, que representan a empresas legalmente constituidas desde hace décadas, lamentaron que se pretenda incrementar la carga fiscal precisamente al 35% de contribuyentes formales que ya cumplen con sus obligaciones, mientras la economía informal sigue creciendo.
Los nuevos impuestos cedulares afectarían a personas físicas con ingresos por:Arrendamiento de bienes inmuebles
Enajenación de bienes inmuebles
Actividades empresariales
Prestación de servicios profesionales
Todo ello, aclararon, sin invadir atribuciones federales.
“Entendemos la necesidad del Estado de fortalecer sus finanzas para atender programas sociales y obras de desarrollo, pero un aumento excesivo de impuestos desincentiva la inversión y empuja a más empresas y personas hacia la informalidad”, coincidieron los líderes empresariales.
Señalaron que Morelos ya está sufriendo el retiro de varias empresas en los últimos años, por lo que insistieron en que el estado debe ser atractivo para la inversión, mejorar las condiciones laborales y privilegiar el diálogo con el sector productivo antes de aprobar cualquier nueva carga fiscal.
Comunicado conjunto
En un comunicado firmado por seis organismos empresariales, entre ellos Canaco Servytur Cuernavaca, Canacintra Morelos, Coparmex Morelos, CMIC Morelos, la Asociación de Hoteles y Amexme Morelos, reconocieron “la legítima necesidad del Estado de fortalecer sus ingresos”, pero manifestaron “una profunda preocupación” ante la propuesta del Paquete Económico 2026.Los empresarios advirtieron que un incremento sustancial en la carga fiscal podría tener efectos contraproducentes: afectar la productividad y competitividad de las empresas formales, incentivar aún más la informalidad y reducir la recaudación a mediano plazo.
Por ello, exigieron respetuosamente que, antes de cualquier aprobación en el Congreso del Estado, se realice un proceso de discusión, consulta y consenso con las cámaras empresariales, en apego al artículo 7 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, que las reconoce como órganos obligatorios de consulta.
Reiteraron su disposición al diálogo permanente, técnico y transparente para evitar impactos regresivos y garantizar que cualquier modificación fiscal sea razonable, proporcional y sostenible.