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Cuernavaca, Mor.- Una juez federal determinó esta madrugada vincular a proceso al exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, por el delito de delincuencia organizada con el objetivo de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, en una resolución que genera controversia, rechazó vincularlo directamente por el delito de lavado de dinero.
El abogado defensor, Julio Hernández Barros, calificó el fallo como «contradictorio e ilógico», argumentando que «si no se configura el lavado de dinero, es imposible sostener una asociación delictiva para cometerlo».
Con esta decisión, Vera Jiménez permanecerá en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 «El Altiplano», en el Estado de México, tras su detención el pasado viernes por el presunto desvío de 77 millones de pesos destinados a encuestas en el marco del programa federal «Cruzada contra el Hambre», impulsado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El caso se enmarca en una serie de contratos firmados entre la UAEM y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que supuestamente derivaron en el mal uso de fondos públicos. Esta investigación ya ha enviado a prisión a la exsecretaria Rosario Robles Berlanga —a quien Hernández Barros también representó y logró liberar mediante amparos— y a otros implicados en irregularidades similares.
El letrado expresó su sorpresa ante el veredicto, ya que presentó un amplio caudal probatorio en la audiencia que, según él, desvirtúa la responsabilidad de su cliente. «El contrato por 77 millones de pesos, que es el núcleo de la denuncia, no fue suscrito por Alejandro Vera. No existe prueba alguna de que él lo haya ordenado o que alguien actuara bajo sus instrucciones», enfatizó Hernández Barros.
Además, el defensor recordó que un procedimiento administrativo ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había absuelto a Vera de cualquier falta administrativa, demostrando que no hubo daño a la Hacienda Pública. «Las auditorías que alega la Fiscalía no son concluyentes, según la misma ASF, pero la juez las tomó en cuenta para imputar delincuencia organizada, ignorando por completo esta resolución», criticó.
Hernández Barros también aludió a resoluciones de amparo definitivas en favor de tres personas clave en el caso, incluyendo a la que la Fiscalía señala como «líder de la banda delictiva» —en clara referencia a Robles, sin mencionarla por nombre—. En estos fallos, jueces de amparo determinaron que no se reúnen los elementos para configurar ni el lavado de dinero ni la delincuencia organizada. «Incluso se negó la orden de aprehensión para ella y al menos otras dos personas por incumplir los requisitos legales. Sin embargo, la juez rechazó estos precedentes y sostuvo que Vera forma parte de ese grupo, pese a que la supuesta líder ya fue exonerada», concluyó el abogado.
El proceso judicial continúa, con la defensa preparando recursos para revertir la vinculación y cuestionar las aparentes inconsistencias en la argumentación de la autoridad judicial.
