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El Tribunal Unitario Agrario del Distrito 18 suspendió los efectos de la elección del Comisariado de Bienes Comunales del 26 de octubre, frenando por el momento el control histórico de la familia Cuevas, que por décadas ha rotado el poder en la comunidad. La medida responde a una admisión de la demanda de nulidad (expediente 525/2025) interpuesta por Gobel Demesa Flores, Octavio Ayala Linares, Mariano Roldán Desaida y Esteban Ramírez Castañeda contra los titulares y suplentes que se dijeron ganadores de esa elección Miguel Cuevas Palma, Deny Cuevas Camaño, Jazmín Rojas Cuevas, Josué Cuevas Camaño, Asunción Medina Sánchez y Lidia Cayetana Romero.
Los Puntos Clave de la Suspensión es que hay una Medida Precautoria: Suspende el acta de asamblea del 26 de octubre donde la familia Cuevas nuevamente se había hecho del control de bienes comunales en una asamblea que fue impugnada hasta resolver el fondo; (no prejuzga legalidad.)
Hay prohibiciones para los electos que no pueden expedir constancias, firmar convenios, representar en juicios ni convocar asambleas.
Y también ordena al Registro Agracio Nacional No inscribir el acta hasta resolución final. Pues el motivo es que la asamblea violó una suspensión previa notificada el 23 de octubre.
Hoy allegados de la Familia Cuevas protestaron frente al Tribunal en Cuernavaca con pancartas contra el «fraude judicial», exigiendo revisión rápida. La acción duró dos horas sin incidentes.
Carlos Rojas abogado de la familia Cuevas explicó que van a promover un amparo indirecto y sentenció que los padrones de los votantes son legales y no inflados.
La próxima audiencia de Ley será el 6 de enero de 2026 a las 13:30 horas, para ratificar pretensiones y ofrecer pruebas.
Este fallo podría impulsar mayor pluralidad en la gestión comunal de Tepoztlán, en medio de tensiones históricas. El caso continúa.
Por su parte, el subsecretario de Gobierno, Miguel Ángel Peláez, descartó que el conflicto entre grupos de Tepoztlán por la elección del Comisariado de Bienes Comunales escale. Pidió esperar la resolución del Tribunal Agrario sobre la legalidad del proceso.
