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El Secretario General de la Sección 19 del SNTE en Morelos, Joel Sánchez Vélez, acompañado de un grupo de maestros y maestras del magisterio estatal, acudió este miércoles al Congreso del Estado para impulsar tres iniciativas legislativas clave en beneficio de los trabajadores de la educación.
La primera iniciativa presentada busca la aprobación de un decreto que garantice por ley el pago de aguinaldo equivalente a 90 días específicamente para los docentes y trabajadores del nivel medio superior en Morelos. Según explicó Sánchez Vélez, esta medida corregiría una disparidad actual, ya que muchos maestros de este nivel no cuentan con la certeza legal plena de recibir esta prestación en igualdad de condiciones con otros niveles educativos, beneficiando directamente a cientos de agremiados y fortaleciendo sus derechos laborales.
La segunda propuesta se centra en la armonización y formalización de la autonomía sindical a nivel estatal.
El líder sindical destacó que, aunque la reforma en materia de autonomía sindical fue aprobada a nivel nacional en el Senado y en la Cámara de Diputados, es necesario adecuar la legislación local para prohibir de manera explícita la injerencia de personas externas en los procesos internos de las organizaciones sindicales del estado, incluido el SNTE Sección 19. Esta medida busca proteger la independencia de los sindicatos y evitar intervenciones que afecten la democracia interna y la representación legítima de los trabajadores.
Finalmente, los docentes impulsaron la aprobación o fortalecimiento de la Ley Protem (Protección a Trabajadores de la Educación de Morelos), que ofrece salvaguardas ante acusaciones falsas que dañan la dignidad, el salario y la carrera profesional de maestras y maestros. Sánchez Vélez señaló que en múltiples ocasiones se han presentado denuncias sin fundamento contra docentes, generando afectaciones graves sin que exista castigo o sanción efectiva para quienes las promueven de manera maliciosa. La iniciativa busca establecer mecanismos de protección, asesoría y sanción para evitar la revictimización y garantizar el respeto a los derechos humanos de los educadores.
