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Ciudad de México, 26 de marzo de 2026. — El Senado de la República dio un paso importante hacia la austeridad republicana al aprobar en lo general el llamado “Plan B” de la reforma constitucional en materia electoral, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Desde el Senado de la República dimos un paso importante para hacer más eficiente el uso de los recursos públicos en nuestro país. Con el ‘Plan B’ de la reforma constitucional en materia electoral, se reducen gastos innecesarios y se prioriza que el dinero llegue a donde verdaderamente se necesita: obras y servicios para la gente en los estados y municipios, así como los programas sociales”, expresó el senador de Morena por Morelos, Víctor Mercado Salgado.
El legislador morelense destacó que esta iniciativa representa un avance concreto en la política de austeridad promovida por la Cuarta Transformación, al eliminar privilegios y duplicidades en el sistema político-electoral sin comprometer la organización de elecciones libres y transparentes.
¿De qué trata el “Plan B” de la reforma electoral?
A diferencia de la propuesta original (el “Plan A”), que fue rechazada en la Cámara de Diputados, este nuevo paquete se centra principalmente en medidas de ahorro y racionalización del gasto público en tres ejes clave:
- Reducción de privilegios salariales: Establece topes a las remuneraciones de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), magistrados de tribunales electorales y funcionarios de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). Ninguno de estos servidores públicos podrá ganar más que la Presidenta de la República, eliminando además bonos, seguros médicos mayores, de vida, pensiones privadas y otras prestaciones extraordinarias.
- Austeridad en congresos locales y ayuntamientos: Fija un tope presupuestal para los 32 congresos estatales, que no podrá superar el 0.70% del presupuesto de egresos total de cada entidad. Además, limita el número de regidores y síndicos en los municipios (entre 7 y 15 como máximo, según la población), reduciendo la estructura de los cabildos y evitando gastos excesivos en burocracia local.
- Ahorro en el propio Senado: La reforma contempla una reducción progresiva del presupuesto de la Cámara Alta de hasta un 15% en términos reales durante los próximos cuatro años.
Según los promotores de la iniciativa, estos ajustes generarían ahorros significativos —estimados en miles de millones de pesos— que se redirigirán directamente a obras públicas, infraestructura, servicios básicos (como agua potable) y programas sociales en beneficio de las familias mexicanas en los estados y municipios.
“Se trata de pasar de una lógica de privilegios a una de servicio al pueblo. Menos gasto en la clase política y más recursos para lo que realmente importa: salud, educación, vivienda y desarrollo regional”, añadió Mercado Salgado
La iniciativa, que ya fue turnada a la Cámara de Diputados tras su aprobación en lo general en el Senado (con 87 votos a favor y 41 en contra), forma parte del compromiso de la actual administración por hacer un uso más responsable y transparente del dinero de los contribuyentes.
