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El Congreso de Morelos, a petición de la gobernadora Margarita González Saravia, modificó la Ley de Movilidad para que la modernización del transporte público deje de ser obligatoria y pase a ser opcional. El “deberán ajustarse” se convirtió en “podrán si así lo desean”.
Dagoberto Rivera (FAT) y Aurelio Carmona (Rutas Unidas) lograron doblar a las autoridades. Gracias a su presión, los concesionarios podrán seguir operando con sus unidades viejas e inseguras sin verse obligados a modernizarse.
Una vez más, el poder de los líderes transportistas se impuso sobre el derecho de los morelenses a un transporte digno.
Esta reforma no surgió de un análisis técnico ni de una preocupación por los usuarios. Fue una clara concesión ante la presión de los líderes transportistas, encabezados por Dagoberto Rivera Jaimes, de la Federación Auténtica del Transporte (FAT), y Aurelio Carmona Sandoval, de Rutas Unidas. Ambos lograron doblar a las autoridades estatales y al Congreso para proteger sus intereses económicos en detrimento de la seguridad, la comodidad y la calidad del servicio que reciben miles de morelenses a diario.
Mientras los ciudadanos siguen padeciendo unidades en mal estado, sin accesibilidad, sin aire acondicionado, con choferes cansados y rutas ineficientes, los verdaderos dueños del transporte público celebran que se les haya quitado de encima la molestia de invertir en modernización.
