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El Gobierno de México presentó una iniciativa de reforma electoral que propone la creación de filtros para evitar que aspirantes a candidaturas tengan vínculos con el crimen organizado.
De acuerdo con la propuesta presentada por la consejera jurídica del Gobierno federal, Luisa María Alcalde, se plantea la creación de una Comisión de Verificación de Candidaturas integrada por cinco consejeros del Instituto Nacional Electoral, que estaría a cargo de coordinar el proceso de revisión.
Esta comisión se vincularía con autoridades de inteligencia y seguridad como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que se encargarían de analizar posibles riesgos en los perfiles de las personas aspirantes.
Con base en esas revisiones, la comisión emitiría una evaluación que sería enviada a los partidos políticos, quienes mantendrían la decisión final sobre el registro de las candidaturas.
En caso de que alguna institución detecte indicios relevantes, podría dar seguimiento o iniciar investigaciones dentro de sus atribuciones, y la información generada tendría carácter reservado para no afectar el debido proceso.
