
Representantes y permisionarios de la Ruta 7 denuncian la actuación irregular de la Fiscalía General de Justicia, tras un cateo realizado antier en sus instalaciones de la colonia Unión.
El representante jurídico de la ruta siete, Miguel Ángel Rosete, señalo que se enteraron de lo ocurrido únicamente por un boletín de prensa, sin notificación directa, fundamentación ni motivación del acto de autoridad.
Según la versión oficial difundida en medios, se hallaron bolsitas con vegetal verde, presuntamente marihuana; sin embargo, no hubo ninguna persona detenida, hecho que los concesionarios califican de inconsistencia grave y muestra de una investigación deficiente.
El aseguramiento de la base dejó sin servicio a la ruta: los sistemas de control y registro digital quedaron inaccesibles, por lo que 87 permisionarios y sus familias ven interrumpida su fuente de ingreso. Además, reportan que por las noches ingresan personas a las instalaciones cerradas y temen saqueos; agregan que las cámaras de vigilancia del lugar no fueron revisadas durante el operativo, a pesar de que podrían aportar evidencia clara.
Los afectados aclaran que no se oponen a que se investigue y se castigue cualquier ilícito, pero rechazan actos arbitrarios, falta de certeza jurídica y fabricación de delitos. Anuncian que acudirán ante el fiscal para exigir explicaciones formales, restablecimiento de condiciones legales y que se respete su derecho al trabajo.
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