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Las integrantes del Comité de Vigilancia del programa FAISPIAM (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas), Isabel Domínguez Díaz y Ana Rosa Pacheco Esteban, esta última presidenta del comité, denunciaron presuntas irregularidades en el proceso de selección de obras que serán ejecutadas con un presupuesto de 7.5 millones de pesos destinado al municipio indígena de Xoxocotla.
Aseguraron que, pese a haber sido electas mediante asamblea el pasado 29 de mayo, no han sido tomadas en cuenta por el Comité de Administración para participar en las reuniones y asambleas comunitarias que establece el programa federal.
Las denunciantes señalaron que el Comité de Administración ha realizado reuniones en las colonias sin la presencia del Comité de Vigilancia, argumentando que su participación no es obligatoria. Sin embargo, sostuvieron que los lineamientos del FAISPIAM establecen que el comité que representan debe fungir como observador para garantizar la legalidad y transparencia del proceso, ya que los recursos federales deben destinarse a las obras que la propia población acuerde mediante asambleas.
Explicaron que el presupuesto deberá distribuirse entre las ocho colonias del municipio para ejecutar proyectos de infraestructura básica, como agua potable, drenaje, electrificación y pavimentación.
Ana Rosa Pacheco relató que durante una reunión con personal técnico del programa se les informó inicialmente que existía plazo hasta el 13 de junio para integrar los proyectos y subirlos a la plataforma oficial. No obstante, aseguró que un día después fueron notificados de que las obras ya habían sido registradas, sin que el Comité de Vigilancia conociera qué colonias habían sido consideradas o cuáles proyectos fueron incluidos.
Asimismo, responsabilizaron al Delegado regional del Programa para el desarrollo en Morelos, Eustolio Pani Barragán, y al Comité de Administración, Felipe Espinosa Cabrera, Presidente y Patricia Cambray Castro, Tesorera, y Juan Apolinar como Secretario de permitir un proceso que, aseguran, carece de transparencia. También denunciaron la presunta intervención del exdelegado de Xoxocotla, José Flores Rosales, a quien acusan de atribuirse la gestión del programa, cuando se trata de un recurso federal destinado directamente a comunidades indígenas.
Indicaron que tanto los representantes de las colonias como el Comité de Vigilancia desconocen qué obras serán ejecutadas, pese a que las tarjetas bancarias para ejercer el recurso ya fueron entregadas y la aplicación del presupuesto esta por llegar.
Ante esta situación, Isabel Domínguez Díaz y Ana Rosa Pacheco Esteban informaron que ya presentaron escritos ante la Secretaría de Bienestar, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Comisión de Derechos Humanos, además de solicitar la intervención de la gobernadora Margarita González Saravia, con el fin de que se revise el procedimiento y se garantice que los 7.5 millones de pesos sean aplicados con transparencia y conforme a las decisiones tomadas por las asambleas de las comunidades beneficiadas.
