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Hasta 200 mil pesos exigían a comerciantes de Cuautla para levantar clausuras y permitirles reabrir sus establecimientos, mediante un esquema de extorsión que llegó a operar desde las propias oficinas de la Presidencia Municipal, reveló José Luis Rodríguez Díaz de León, subsecretario de Vinculación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México.
El responsable del Plan Cuautla explicó que comerciantes de la Central de Abasto acudían al Ayuntamiento para solicitar informes sobre la apertura de sus establecimientos; sin embargo, recibían un número telefónico al que debían comunicarse y desde el cual les exigían hasta 200 mil pesos para retirar los sellos de clausura y permitirles volver a trabajar.
Por estos hechos, dijo, el Gobierno de México mantiene una vigilancia permanente sobre la estructura del Ayuntamiento, actualmente a cargo del alcalde Salvador Molina, incluido el seguimiento de las personas que forman parte de la administración municipal.
El funcionario federal señaló que la extorsión alcanzó actividades estratégicas del municipio, como el rastro, que permaneció prácticamente una década cerrado, ya que durante ese periodo grupos delictivos buscaron controlar los precios y la distribución de productos cárnicos.
Para dimensionar el impacto de la extorsión, Rodríguez Díaz de León relató que, antes de que se echara a andar el Plan Cuautla, tuvo que residir en el municipio para conocer de cerca la situación y constató cómo el temor provocaba que los negocios cerraran desde la tarde. Incluso, durante uno de sus recorridos, encontró prácticamente todos los establecimientos cerrados.
Como parte de la estrategia, desde el 28 de julio opera la Mesa de Construcción de Paz en Cuautla, con participación de autoridades federales, estatales y municipales. Además, se puso en marcha un grupo de inteligencia específico para el municipio, encargado de analizar a los generadores de violencia y convertir la información obtenida en acciones concretas en territorio, incluidas detenciones y vinculaciones a proceso.
A estas acciones se suma un chat integrado por mil 350 empresarios y responsables de unidades económicas, mediante el cual se atienden tentativas de extorsión, llamadas y mensajes amenazantes. También se trabaja con comerciantes de los seis mercados públicos y la Central de Abasto.
Como resultado de la intervención, desde finales de junio, cuando comenzó el Plan Cuautla, 80 nuevos establecimientos han abierto sus puertas y otros negocios ampliaron sus horarios de atención, informó el funcionario.
Asimismo, se acordó con el alcalde de Cuautla y otros presidentes municipales de la región Oriente la adquisición de cámaras de videovigilancia, que serán instaladas en puntos estratégicos y conectadas al C5 de Morelos.
