

Tetela del Volcán, Morelos, 18 de agosto de 2025.- Luis Rodrigo “N”, regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el municipio de Tetela del Volcán, fue detenido el pasado fin de semana por el delito de violencia familiar, acusado de agredir físicamente a su pareja. La detención, confirmada por el ayuntamiento mediante un comunicado, ha generado indignación en la comunidad, donde habitantes señalan que el regidor ya había sido acusado previamente de acoso contra empleadas del ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Tetela del Volcán emitió un comunicado condenando cualquier forma de violencia y deslindándose de las acciones del regidor. “Confiamos en que las autoridades realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y garantizar justicia”, señaló el gobierno municipal.
Este caso se suma a un contexto de creciente preocupación por la violencia de género en Morelos, donde en 2023 se registraron 5,877 carpetas de investigación por violencia familiar, y 3,021 casos entre enero y junio de 2024, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En otro caso reciente, Lucio Pérez, subsecretario de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, enfrenta una investigación por presuntos delitos de violación, violencia familiar y alteración del orden, reportada el 3 de julio de 2025. Aunque no se ha confirmado su detención, este caso refuerza la percepción de que la violencia de género entre funcionarios públicos es un problema que requiere atención urgente.
Por otro lado, en el municipio de Temixco, el alcalde Israel Piña Labra y el regidor Julio César Ortiz Popoca fueron sancionados por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) en agosto de 2025 por violencia política de género contra la síndica Adriana de la Cruz Castrejón y la regidora Graciela Cárdenas Morales. Ambos tendrían que ser inscritos por tres años en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, lo que les prohíbe participar en elecciones.
Las denuncias incluyeron obstrucción de funciones, reducción presupuestal a la sindicatura y campañas de desprestigio. Las afectadas han expresado temor por su seguridad, señalando que las agresiones persisten pese a la resolución judicial.
Estos casos evidencian un patrón de violencia de género que involucra a servidores públicos en Morelos, lo que ha llevado a organizaciones civiles y ciudadanos a exigir mayor transparencia y medidas efectivas para prevenir y sancionar estos delitos.