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Ciudad de México, 26 de septiembre de 2025 – En un paso histórico contra uno de los delitos que más azota a la sociedad mexicana, el Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión para expedir la Ley General en Materia de Extorsión. La votación, realizada el 24 de septiembre, obtuvo 106 votos a favor y cero en contra, y la minuta ya fue enviada a los congresos estatales para su ratificación en dónde Morelos la noche del jueves la aprobó.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca combatir de manera integral la extorsión, un crimen en ascenso que genera ganancias millonarias para el crimen organizado y deja secuelas profundas en familias, pequeños negocios y comunidades enteras. Según datos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el promedio diario de casos de extorsión pasó de 18.89 en 2018 a 29.77 en lo que va de 2025, lo que representa un incremento del 57.62% en seis años.
En 2023, el costo económico de este delito superó los 124 mil millones de pesos, equivalente al 0.51% del PIB nacional.
El senador Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, enfatizó durante el debate que esta reforma coloca «el bienestar y la paz de los mexicanos en el centro de la discusión». Cantón destacó cómo la extorsión ha evolucionado con el uso de nuevas tecnologías y se comete con altos niveles de impunidad, ya que el 97% de las víctimas no denuncia por miedo a represalias o desconfianza en las autoridades, algunas veces coludidas con el crimen organizado.
¿Qué contempla la nueva ley?
La Ley General contra la Extorsión establecerá un tipo penal unificado a nivel nacional, definiendo agravantes, delitos conexos y sanciones homogéneas en todo el territorio. Actualmente, las penas varían drásticamente entre entidades: mientras en el ámbito federal oscilan entre 2 y 8 años de prisión, en Chihuahua pueden llegar hasta 30 años, y en Oaxaca solo 3 años, lo que genera desigualdades y facilita la impunidad.
Entre sus ejes principales destacan:
Homologación de criterios: Penalidades y procedimientos de investigación uniformes para evitar vacíos legales.
Fortalecimiento de la coordinación: Entre niveles federal, estatal y municipal, con un modelo nacional de prevención, investigación y sanción.
Protección a víctimas: Medidas para brindar certeza jurídica a quienes denuncien, incentivando la participación ciudadana.
Enfoque en modalidades específicas: Incluye el «derecho de piso» o cuota de protección, común en sectores como el agropecuario (productores de aguacate y limón) y el comercio informal.
En el primer semestre de 2025, la Coparmex reportó 5,887 víctimas, el mayor registro oficial. Por su parte, la senadora panista Verónica Rodríguez exigió «leyes secundarias efectivas y acción gubernamental concreta», mientras que Claudia Anaya, de la Revolución Institucional, denunció la existencia de «sindicatos dedicados al cobro de piso» en estados como Zacatecas.
Próximos pasos y expectativas
La reforma ya cuenta con el respaldo de cinco congresos estatales, lo que acelera su entrada en vigor una vez que obtenga la aprobación de la mayoría de las legislaturas locales. Una vez promulgada, el Congreso federal tendrá la tarea de redactar y aprobar la ley secundaria, con miras a una implementación rápida que restaure la confianza en las instituciones y reduzca la incidencia del delito.
