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A partir del pasado 29 de noviembre está vigente la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión en México, la norma más dura que ha tenido el país, contra este delito que se disparó en los últimos años.
Fue publicada el fin de semana en el Diario Oficial de la Federación y endurece todo:
• La extorsión simple se castiga con 15 a 25 años de cárcel.
• Con agravantes (violencia, armas, desde la cárcel, uso de menores, cobro de piso, extorsión telefónica o por redes, simular ser autoridad, etc.) la pena puede llegar hasta 42 años.
• Prisión preventiva oficiosa casi siempre, porque la mayoría de los casos reales traen agravantes.
• Quienes sean sentenciados por extorsión no tendrán ningún beneficio: ni libertad anticipada, ni brazalete, ni sustitución de pena.
• Tener o meter celular a la cárcel para extorsionar ahora es delito grave: hasta 18 años más si lo hace un custodio o funcionario.
La ley también obliga a todos los penales a instalar inhibidores de señal en máximo 180 días y prohíbe que los extorsionadores tengan acceso a teléfonos, tabletas o computadoras.
Otro punto clave: ya no necesitas ir a poner denuncia formal. Cualquier persona puede reportar de forma anónima y el delito se persigue de oficio. Las víctimas tendrán protección especial: identidad reservada, declaración por videollamada y reparación del daño obligatoria.
Se crea además un Centro Nacional de Atención a Denuncias por Extorsión (dependiente de la Secretaría de Seguridad) y se ordena a los estados hacer campañas permanentes de prevención.
Con esta ley, México unifica por primera vez el delito de extorsión en todo el país y lo trata como delito federal cuando está vinculado a la delincuencia organizada o tiene alto impacto social.
Para comerciantes, transportistas y familias que viven bajo amenaza diaria, es la respuesta legal más fuerte que ha dado el Estado en años. Queda por ver si la implementación está a la altura del papel.
