
Cuernavaca, Morelos. — La Gobernadora Margarita González Saravia Calderón promulgó un decreto que reforma diversas leyes estatales para proteger a las víctimas del delito de robo de vehículo automotor, evitando su revictimización económica al recuperar su bien.
Publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 3 de febrero de 2026, el decreto adiciona párrafos al artículo 76 de la Ley de Víctimas del Estado de Morelos, incorpora el artículo 218 a la Ley General de Hacienda Municipal y agrega los artículos 84 Bis-4 y 84 Bis-5 a la Ley General de Hacienda del Estado.
La reforma establece que las víctimas u ofendidos del delito previsto en el artículo 176-Bis del Código Penal (robo de vehículo) quedarán exentas del pago por servicios de arrastre, salvamento, depósito, almacenaje, inventario y demás relacionados con corralones, ya sean prestados directamente por municipios o por particulares concesionados.
Los beneficios aplican cuando:
• Se haya denunciado el robo dentro de las 72 horas siguientes al hecho o al conocimiento del mismo.
• El vehículo se utilice como medio para cometer otro delito sin participación del propietario.
• Se recupere el vehículo (o partes del mismo, como carrocerías o cajas en casos de camiones y trailers) en condiciones de desvalijamiento o pérdida total.
• La entrega ocurra después de tres meses de la denuncia.
• No se recupere transcurridos seis meses desde la denuncia.
La Fiscalía General del Estado deberá solicitar la devolución gratuita del vehículo al corralón correspondiente, previa acreditación de propiedad ante la autoridad ministerial. Los municipios deberán incluir en las concesiones la obligación de no cobrar a estas víctimas.
La medida busca eliminar la “doble victimización institucional”, ya que muchas personas, ante cobros que superan el valor del auto, optan por abandonarlo. Se inspira en reformas similares aplicadas en Baja California desde 2012.Las comisiones unidas de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, y de Hacienda del Congreso local.
Hoy transportistas que se manifestaron el 1 de febrero para exigir que se acaben los abusos en arrastre de grúas y corralones ahora van por un tema de regular las tarifas y transparentar el tema.
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