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Vinculan a proceso al ex gobernador de Baja California acusado de Huachicol

Con base en una investigación sólida, la Fiscalía General de la República (FGR) expuso datos de prueba contundentes para obtener la vinculación a proceso en contra de Ernesto «N», Ricardo «N» y José «N,» por su posible participación en los ilícitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

Juan «N» y Luis «N», por delincuencia organizada y contrabando, mientras que para José María «N», Guillermo «N» y Adriana «N», por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

En continuación de la audiencia inicial, toda vez que en días pasados la defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional, el juez otorgó la vinculación para las personas referidas, una vez que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), expuso los argumentos para que además se ratificara la prisión preventiva oficiosa a cumplirse en el CEFERESO 1 Altiplano, en el caso de Ernesto «N», José «N», Ricardo «N», Juan «N» y Luis «N». Para Guillermo «N» y José María «N,» la misma se deberá cumplir en domicilio y Adriana N en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.

Estas personas fueron detenidas en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, como resultado del trabajo de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en la que los imputados posiblemente participaron.

Lo anterior representa un esquema de contrabando de hidrocarburo, el cual consiste en introducir combustible al país, mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos.

Estas conductas delictivas generan una afectación económica directa para el país y, al mismo tiempo, constituyen una fuente de ingresos para organizaciones criminales.

A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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