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Productores agrícolas y ganaderos de la Sierra de Huautla se han tenido que armar para defenderse del crimen organizado.
Así lo denunció Julio Padilla Trujano, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), quien reveló que las comunidades locales sufren constantes extorsiones.
Según el líder agrario, los habitantes de las rancherías de este municipio deben pagar «derecho de piso» de forma generalizada.
Las cuotas delictivas se imponen por cada cabeza de ganado, por cada camión de hortalizas que sale de la región e incluso por habitante.
Ante la falta de seguridad y para garantizar su supervivencia, los afectados decidieron armarse y organizar grupos para proteger su patrimonio y sus vidas frente a los embates de la delincuencia organizada.
