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La mano que meció la cuna del desvío en Cuernavaca era de José Reynold Quiñones Salinas quien ahora la mueve impunemente en el gobierno de Emiliano Zapata de Santos Tavarez
El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado de Morelos resolvió inhabilitar por un año para ejercer cargos públicos al exalcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, y a su extesorero, José Reynold Quiñones Salinas, tras acreditarles diversas faltas administrativas graves durante su gestión. La resolución, contenida en el expediente TJA/4a.SERA/PPRA-FG-014/2025, les impuso además una sanción económica individual de un millón 347 mil 510 pesos a cada uno.
La medida, sin embargo, llegó tarde pues Quiñones Salinas no quedó al margen del poder: fue designado tesorero del Ayuntamiento de Emiliano Zapata para el periodo 2025-2027 por el alcalde Santos Tavárez García, a pesar de su historial de señalamientos por presuntos actos de corrupción y desvío de recursos en Cuernavaca.
El nombramiento ilustra un patrón recurrente en la administración pública local: funcionarios sancionados que, lejos de ser excluidos del ejercicio del poder, son reubicados en nuevas posiciones de manejo de recursos públicos, donde pueden continuar operando con impunidad.
De acuerdo con observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Quiñones Salinas —quien controla los recursos del municipio junto con el oficial mayor, Tomás Almanza, y el secretario municipal, Jorge Luis García Ocampo— enfrenta requerimientos de comprobación por millones de pesos de recursos federales.
Los señalamientos apuntan a un esquema de desvío a través de la compra de insumos escolares, comidas, desayunos y cenas, así como de vehículos blindados, con sobornos y porcentajes elevados exigidos a proveedores a cambio de contratos.
También se señalan contrataciones de artistas para eventos municipales en las que, según estas observaciones, el costo real se triplicaría.
Un ejemplo concreto es la fiesta patronal de San Francisco de Asís, celebrada el 11 de octubre. Mientras el alcalde Tavárez García afirmaba que se trataba de un evento “totalmente gratis” para la ciudadanía, la ASF le exige comprobar 5 millones 400 mil pesos registrados como “adelantos a artistas” de los días 11 y 12. Los únicos artistas que se presentaron fueron Los Dos Carnales (11 de octubre) y Napoleón (12 de octubre).
La discrepancia entre el discurso oficial y los montos por comprobar no es un detalle menor: revela cómo se disfraza el gasto público millonario bajo la narrativa de gratuidad.
Este esquema de saqueo, sostienen las denuncias, buscaría sostener el respaldo político necesario para una eventual reelección de Tavárez García.
La auditoría reciente de la ASF detectó, además, inconsistencias superiores a 10 millones de pesos presuntamente operadas por tres funcionarios adicionales del ayuntamiento —Antonio Díaz Alarcón, María Gabriela Martínez García y Anaferi Núñez Calderón—, quienes reportarían al secretario García Ocampo el manejo de efectivo del cual se dispondría ilícitamente.
Finalmente, el personal del ayuntamiento es obligado a acudir a eventos del partido y del presidente municipal, incluso en días de descanso, bajo amenaza de despido. Se pasa lista para reunir gente y mostrar “músculo electoral”. De confirmarse, esta práctica constituiría una violación flagrante a los derechos laborales de los trabajadores municipales y un uso indebido de la estructura administrativa con fines partidistas.
El caso de Quiñones Salinas demuestra con crudeza que una sanción administrativa, por sí sola, no impide que un funcionario señalado continúe operando en posiciones de poder. Las denuncias que rodean al gobierno de Emiliano Zapata —de comprobarse— delinean un patrón más amplio de opacidad, desvío de recursos y control político.
Corresponde a las autoridades fiscalizadoras y, eventualmente, al Ministerio Público, investigar a fondo estos señalamientos, determinar responsabilidades y romper, de una vez, el ciclo de impunidad que convierte las sanciones en meros trámites sin consecuencias reales.
