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En medio de rechiflas y gritos de maestros jubilados, comparecieron los secretarios del Trabajo, Víctor Reyes Adams y el de Educación, José Luis Rodríguez Martínez ante diputados locales, quienes reclamaron la falta de capacidad para resolver el pago de prima de antigüedad a los profesores retirados.
A las preguntas y reclamos de la diputada Lilia Ibarra y el legislador Fidel Demédicis Hidalgo, a cerca de un derecho que tienen los maestros jubilados por Ley y que no se ha pagado a más de 8 mil ex trabajadores de la educación, el secretario del Trabajo respondió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó no ha lugar el pago de la prima de antigüedad por todas las prestaciones que se dieron a los profesores.
A lo que los diputados respondieron que no se trata de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino de un derecho y por tal pidieron la instalación de una Comisión de Soluciones con los maestros jubilados y por tal, se acordó que el próximo lunes 20 de septiembre se llevaría a cabo la primera reunión.
“Nos queda más que claro que en la defensa de su gobernador, intentan justificar cualquier tipo de situaciones, pero el gobernador debería ser el primer interesado en reunirse con los profesores, no le haría mal”, manifestó Lilia Ibarra a los secretarios.
De igual forma, la diputada cuestionó al secretario de Educación porqué se les pide a los padres de familia una copia de la credencial de elector para entregarles los paquetes escolares, que por derecho les corresponden a sus hijos.
En este sentido, José Luis Rodríguez Martínez respondió que se trata sólo de un documento de identificación que les acredite como padres de familia. Sin embargo, la diputada señaló “más prueba que el nombre de sus hijos en las escuelas debería ser”.
Es que Lilia Ibarra afirmó que se tiene la sospecha que este tipo de apoyos se pretende manejar bajo intereses políticos, situación que se revisará de cerca.
Fijan las reglas de la distribución de los 61 mdp
En la conclusión de esta comparecencia, se informó que se fijaron las reglas de distribución y utilización de recursos, con las que se pretende la conformación de comités de padres de familia, maestros y directores para la repartición de los 61 millones de pesos que se etiquetaron para el pago de cuotas escolares.
Se dijo también que dentro de las reglas se incluye la fiscalización de recursos, que se llevará a cabo de la Auditoría Superior de Fiscalización.
