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Al informar que en las 111 audiencias de vinculación a proceso efectuadas en el último semestre fueron concedidas 152 medidas cautelares para evitar que los imputados por distintos delitos se sustraigan a la acción de la justicia, el Procurador de Justicia Pedro Luis Benítez Vélez anunció un paquete de adiciones a los códigos Penal y de Procedimientos Penales para hacer más eficaz el sistema de justicia oral, porque ha acreditado que sí funciona correctamente.
“Este tipo de juicio (penal acusatorio adversarial) está funcionando correctamente en el estado y próximamente presentaremos un paquete de adiciones para hacerlo más eficaz. Que sea idóneo a nuestra geofilia, a nuestro entorno y a nuestra sociedad, no a la de Europa o a otras partes de América, sino que corresponda a la idiosincrasia de los mexicanos y, particularmente, de los morelenses”, expresó el Fiscal del Estado.
Benítez Vélez se dijo complacido con las autoridades en la investigación de la incriminación y de la acusación que trae consigo la determinación de medidas cautelares en las audiencias de juicio oral, con las que se evita que los imputados de un delito se sustraigan a la acción de la justicia en tanto continúan bajo proceso, las cuales “los jueces responsablemente acuerdan, observan, vigilan y velan por su cumplimiento”.
Y es que, por ejemplo, de las 10 audiencias en que se vincularon a proceso a imputados por homicidios de mujeres y delitos sexuales del 1° de abril al 10 de octubre de este año, a todos el juez acordó mantenerlos en prisión preventiva como medida cautelar.
En el mismo lapso, a 6 presuntos homicidas vinculados a proceso los juzgadores acordaron mantenerlos en prisión como medida cautelar, así como una garantía económica; en delitos patrimoniales, hechos de tránsito y robo: la prohibición de salir del estado y del país o de comunicarse con determinada persona, entre otras.
En distintos casos y por diferentes delitos, las 152 medidas cautelares fijadas en el último semestre en las 111 audiencias de vinculación a proceso también consideran la separación inmediata del domicilio cuando se trata de agresiones a mujeres o niños o delitos sexuales, o cuando la víctima convive con el imputado; el internamiento en un centro de salud u hospital psiquiátrico o la prohibición de aproximarse a reservas ecológicas, como sucedió para proteger la zona de “El Texcal”.
